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Espionaje EEUU. JpD pide investigar a la NSA y al CNI como se hizo con Perote

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 30 de octubre de 2013, 12:42 h (CET)
MADRID, 30 (SERVIMEDIA)



La asociación Jueces para la Democracia (JpD) pidió hoy que se investigue si la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU (NSA) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han llevado a cabo en España algún tipo de espionaje ilegal.

Joaquim Bosch, portavoz de JpD, dijo a Servimedia que “en España ya ha habido condenas a personas del CNI por realizar vulneraciones al secreto de las comunicaciones sin autorización judicial”.

Bosch explicó que se refería al caso Juan Alberto Perote, exresponsable de las operaciones especiales del Cesid, precursor del CNI, que fue condenado en 2005 a cuatro meses y un día de arresto mayor por realizar escuchas ilegales a políticos, empresarios y periodistas entre 1983 y 1991.

Según el portavoz de JpD, “no tendría sentido que esto haya sucedido en el pasado y que ante situaciones iguales o más graves el Estado de derecho no se actuara de forma adecuada”, en referencia a que los jueces debe investigar si son ciertas las informaciones sobre supuesto espionaje por parte de la NSA y el CNI.

Este representante de los magistrados progresistas insistió en referirse al precedente de Perote y a que este militar fue condenado por “grabar conversaciones privadas sin autorización judicial”, por lo que, a la vista de la actual polémica sobre el espionaje, “no resulta admisible que otros miembros de los servicios de inteligencia o que una agencia extranjera hagan lo mismo y que no tenga ningún tipo de respuesta jurídica”.

Bosch concluyó que “hay que recordar que si EEUU quiere investigar en nuestro país, existen instrumentos de cooperación internacional para que, con la autorización de nuestras instituciones, se pueda hacer”. Destacó que esto no puede llevarse a cabo “sin autorización judicial, al margen de la legalidad y vulnerando el principio de soberanía se estén acortando los derechos ciudadanos”, puesto que supondría una “impunidad absoluta” para vulnerar los derechos de los ciudadanos.

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