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Sociedad
    

Dependencia. Las empresas gestoras de las residencias valencianas denuncian una deuda de 38,5 millones de euros

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 14 de octubre de 2013, 12:35 h (CET)
MADRID, 14 (SERVIMEDIA)



La Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (Avrep) afirmó este lunes que la deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con este sector se incrementa mensualmente en más de tres millones de euros y que el impago al que tienen que hacer frente estas entidades supera ya los 38,5 millones

De esta forma, aseguró la asociación, la operatividad de la red de centros públicos, compuesta por 40 centros sociosanitarios, "podría verse afectada en las próximas semanas, e incluso terminar por reducirse a sólo 12 recursos ante la situación desesperada en la que se encuentran 28 centros". Y es que, indicó la asociación valenciana, estas empresas no se han incluido en el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno Valenciano.

Para la entidad, "lo más grave es que la pasividad y falta de respuesta del Gobierno valenciano puede afectar al funcionamiento de estos recursos socio-sanitarios en los próximos meses, lo que pondría en peligro el 70% de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mediante gestiones integrales".

Sostiene, de no afrontar el Gobierno valenciano los impagos mediante recursos propios, en diciembre la deuda ascendería a casi 50 millones de euros y superaría el año de retraso, "situación que no se ha producido en ninguna otra autonomía y que deja en una posición insostenible a gestores, trabajadores y dependientes valencianos".

La no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas en los planes de pago supone condenar a más de 2.600 dependientes y a cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante Castellón y Valencia, asegura Avrep.

Por todo esto, la entidad reclama, por tanto, un esfuerzo de los gobernantes autonómicos y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para priorizar los servicios sociales a los colectivos más necesitados, garantizándoles el derecho adquirido por ley.

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