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Amaiur, ERC y BNG defienden el derecho de autodeterminación en el Pleno sin convencer al hemiciclo

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 8 de octubre de 2013, 20:23 h (CET)
MADRID, 08 (SERVIMEDIA)



Diputados de Amaiur, BNG y ERC defendieron este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados el derecho de autodeterminación de los pueblos sin convencer a ninguno de los restantes grupos parlamentarios del hemiciclo.

Así fue durante el durante el debate parlamentario de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto e impulsada por Amaiur, Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC ) y BNG “para permitir el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos” y que insta al Gobierno a “respetar la convocatoria y el ejercicio de referéndum de autodeterminación nacional sobre la constitución de un Estado independiente”.

El portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo, acusó a quienes se oponen al derecho de autodeterminación de convertir “la Constitución en escudo y en arma para impedir” el mismo.

A su juicio, España debería “estar a la altura y comportarse como un Estado democrático” permitiendo dicho derecho. “Si han perdido los manuales, que se lo pidan al Reino Unido”, recomendó Errekondo, para quien hay que respetar el derecho a decidir de la sociedad vasca que, añadió, “ha empezado a decidir su camino”.

Por su parte, el portavoz de ERC, Alfred Bosch, aseguró que “en el fondo” este asunto “no es tan complicado” “Queremos votar y además lo hemos traído aquí porque queremos dialogar”, añadió, para recordar que la de esta noche es la decimocuarta vez que se debate esta cuestión en el seno del Congreso de los Diputados.

Olaia Fernández Dávila (BNG) defendió que el Estado “debe tener en cuenta no sólo las demandas políticas del derecho a decidir sino la voluntad colectiva” de los ciudadanos a valorar si optan por la autodeterminación.

DESISTAN

Pedro Goméz de la Serna (PP) señaló que el derecho de autodeterminación es una figura internacional “que nada tienen que ver con la liquidación de un Estado miembro de la Unión Europea”.

Aseguró que “el único escenario que no se va a producir en ningún caso en España es la secesión de ninguno de sus territorios”. “Abandonen toda esperanza”, señaló, amparándose en la Constitución. “Crean artificialmente una necesidad de imposible satisfacción”, afirmó.

Por su parte, Susana Sumelzo (PSOE) dijo que la propuesta defendida por el Grupo Parlamentario Mixto supone una “vulneración flagrante de la Constitución” y recordó que el Tribunal Constitucional “zanjó con meridiana claridad este asunto”, sentenciando que “una parte (del Estado) no puede decidir en algo que afecta a todos”.

A juicio del PSOE, “España necesita un nuevo pacto territorial, no para debilitar el Estado de las Autonomías, sino para seguir conviviendo juntos para seguir adelante”. “Ni la ruptura es la solución ni tampoco el inmovilismo, porque hay una realidad que está ahí y no se puede ignorar”, añadió.

Jordi Janè (CiU) recordó el acuerdo adoptado hace un par de semanas en el Parlament de Catalunya para presentar, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, una propuesta conjunta que sea debatida en el Congreso de los Diputados.

Añadió que lo que corresponde es seguir “esa hoja de ruta que el Parlament de Catalunya” ha marcado y criticó a ERC porque “parece que van por libre”.

LÍMITES PROCEDIMENTALES

Por parte del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Joan Coscubiela, señalo que la Constitución sólo establece “límites procedimentales” al derecho de autodeterminación, que necesita de un consenso “amplio”. “Su articulación debe ser fruto de un proceso pactado a nivel de todo el Estado y no cabe ningún unilateralismo”, añadió.

Asimismo, criticó a ERC porque haber presentado esta proposición no de ley pese a lo acordado en el Parlament de Catalunya.

Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) aseguró que su partido no tiene “el menor problema en que haya partidos independentistas” pero defendió que la iniciativa del Grupo Mixto estaba basada en la falacia.

Así, añadió que cuando el Grupo Mixto mantiene que las naciones y las personas tienen los mismos derechos, “en realidad niegan a las personas el principal derecho que tienen, los derechos humanos”. “El derecho de autodeterminación no es un derecho humano”, sentenció.

El diputado del PNV Emilio Olabarría tachó de “débil” la iniciativa defendida por el Grupo Mixto y aseguró que “nadie puede dar lecciones” al PNV de la defensa del derecho de autodeterminación.

LA MOCIÓN

La moción del Grupo Mixto insta al Gobierno a “respetar la convocatoria y el ejercicio de referéndum de autodeterminación nacional sobre la constitución de un Estado independiente”.

En la exposición de motivos, la proposición señala que “la libertad y la igualdad no se piden, se poseen” y asegura que “la misión del Estado de derecho no consiste en coartar e impedir el ejercicio de tales anhelos, sino en todo lo contrario: Garantizar su desarrollo y facilitar su ejercicio”.

La iniciativa busca que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a “trasponer al ordenamiento jurídico español el derecho a la libre determinación de las naciones, reconocido por la legalidad internacional y por el Estado español con la ratificación de diversos Tratados Internacionales”.

Asimismo, propone “respetar el ejercicio del derecho de libre determinación de las naciones que conforman el Estado español: Euskal Herria (con los cuatro territorios forales), Països Catalans y Galiza, así como todas las que lo definan en su Estatuto de Autonomía o que así lo apruebe su Parlamento en base a sus derechos históricos, su sentimiento nacional o su voluntad democrática”.

“En el caso de las naciones conformadas por más de una comunidad autónoma, corresponderá a los Parlamentos de cada una de ellas la adopción de los mecanismos democráticos necesarios para hacer valer en todo caso la voluntad democrática de sus ciudadanos para el ejercicio del derecho a libre determinación”, añade el texto.

Asimismo, quiere que se reconozca y respete “que, en virtud del derecho a la libre determinación, las naciones tienen el derecho de determinar libremente su estatus político, las competencias que ostentan y/o que ceden, así como las relaciones de cooperación y/o dependencia que establecen con otras estructuras u organizaciones supranacionales”.

Asimismo, propone que se reconozca que “las naciones tienen el derecho de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”. “En este sentido, serán los Parlamentos de las naciones del Estado español, como representantes legítimos de la soberanía popular, quienes podrán decidir y ejercer libremente sobre estos derechos”, añade la iniciativa.

RESPETO

Otro de los puntos de la iniciativa insta al Gobierno a “respetar la convocatoria y el ejercicio de referéndum de autodeterminación nacional sobre la constitución de un Estado independiente”.

Dicho referéndum de autodeterminación debe ser “convocado por el o los Gobiernos autónomos, a instancia propia, del Parlamento o del 20% del censo electoral de las últimas elecciones municipales mediante el mismo proceso establecido para la iniciativa legislativa popular en su territorio”.

En dicho referéndum tendrán derecho a voto los ciudadanos con derecho a sufragio en las elecciones municipales en la fecha de convocatoria de la consulta. El resultado del mismo, continúa la iniciativa, se considerará válido si la participación supera el 50% del censo electoral.

“En caso de que más del 50% de los votos emitidos en el referéndum de autodeterminación sea favorable a la independencia respecto del Estado español, el Gobierno autónomo proclamará la independencia de su nación”, propone la iniciativa.

Para el caso de que no se consigan los porcentajes establecidos en los dos puntos anteriores, “la nación que ha ejercido el referéndum de autodeterminación continuará formando parte del Estado español con los derechos y deberes que libremente decida”.

Asimismo, insta a “fijar legalmente las bases del proceso para una transición hacia la independencia nacional de los territorios que decidan libremente en referéndum constituirse como Estado independiente”.

PASOS

En cualquier caso, la proposición no de ley insta a reconocer que “una vez proclamada la independencia, se iniciará la negociación para establecer los derechos y deberes de cada cual en un proceso de transición para el pleno traspaso de poderes y recursos”.

“El proceso de transición deberá permitir una transición progresiva y no traumática para garantizar la eficiencia en el traspaso de poderes y su gestión, así como la estabilidad institucional y económica”, añade el texto, que propone también que “el Estado español, en el proceso de transición, promoverá y facilitará el reconocimiento internacional del nuevo Estado, y especialmente por parte de la Unión Europea”.

Asimismo, señala que en el caso de que hubiera “discrepancias que obstaculicen el proceso de transición, cualquiera de las dos partes podrá solicitar la mediación de las Naciones Unidas”.

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