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La Fiscalía del Supremo estudia pedir la ilegalización de Alianza Nacional

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 1 de octubre de 2013, 17:38 h (CET)
MADRID, 01 (SERVIMEDIA)



La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto “diligencias informativas preprocesales” para instar, si fuera procedente, el proceso de ilegalización del partido Alianza Nacional, según anunció hoy en una rueda de prensa el diputado de IU Gaspar Llamazares.

Según el artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, “están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución [...] el Gobierno y el Ministerio Fiscal”.

Para Gaspar Llamazares, “algo habrá visto” la Fiscalía del Tribunal Supremo para dar este paso. Además, señaló que Alianza Nacional “no son muy distintos” a formaciones como el partido neonazi griego Amanecer Dorado, cuyo líder fue recientemente detenido.

“Son muy parecidos en sus redes internacionales, están muy relacionados entre ellos. Son muy parecidos en sus fuentes de financiación y también en sus formas cuasi militares. Son muy parecidos también en sus relaciones con las cañerías del Estado”, dijo a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.

Llamazares denunció que los grupos neonazis son responsables en España “de miles de acciones directas contra sedes de partidos, contra personas de colectivos frágiles, de muertes, y por ellos han sido condenados individualmente”.

Este diputado de IU manifestó que la ultraderecha ejerce en España “una violencia organizada, no personal, y, por tanto, debe utilizarse el Código Penal” para actuar contra la formación política que la impulsa.

“Es de la mayor importancia la intervención de la Fiscalía, en este caso, la apertura de diligencias, pero también la intervención del conjunto de la Justicia española, porque el problema no es un problema localizado en este país, sino que hay que grupos violentos que se aprovechan de la crisis económica, de los debates políticos legítimos y que quieren utilizar esos debates para sus objetivos violentos y desestabilizadores”, dijo.

ATAQUE

Fue el pasado 12 de septiembre, un día después del ataque neonazi en la librería catalana Blanquerna en Madrid mientras se celebrara un acto con motivo de la Diada, cuando Llamazares remitió una carta al fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que abriese “un procedimiento de declaración del partido político Alianza Nacional como asociación ilícita y, en su caso, a promover su ilegalización y disolución”.

En su misiva, indicaba que el artículo 515.5 del Código Penal establece que son asociaciones ilícitas “las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión y creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía o incitan a ello”.

En la misiva, Llamazares documentó que Alianza Nacional (AN) es un partido político fundado en 2005 que se declara “heredera ideológica de los fascismos europeos”. De hecho, en el punto 8.1 de su “Declaración Política”, Alianza Nacional señala que “constituye una determinación” de su voluntad nacional “la expulsión de todos los colectivos de inmigrantes que soporta nuestra patria, lo que conlleva la revocación, con carácter general, de todas las concesiones de nacionalidad española a extranjeros’.

Indica también Llamazares que este grupo “que proclama su pretensión de ‘acción directa’, viene presentándose de forma testimonial en distintas convocatorias electorales”.

“La candidatura presentada en Chiva (País Valencià) fue especialmente polémica, debido a que uno de los candidatos cumplió condena por el asesinato en 1993 del joven Guillem Agulló. De otra parte, el Ministerio del Interior puede procurar a esa Fiscalía General una abundante y contrastada documentación de antecedentes policiales graves”, apuntaba Llamazares .

En su carta, Llamazares también solicitaba al Fiscal General que defendiera “el interés general velando por la sanción pertinente a los autores del asalto al Centre Cultural Blanquerna por los delitos y circunstancias agravantes contemplados en los artículos 22.4, 501.1 y 515.5 del Código Penal”.

Cuatro días después, el fiscal General le respondió que el Ministerio Público “ejercerá las acciones penales pertinentes” en las diligencias que ya se han incoado por los hechos acaecidos en el Centro Cultural Blanquerna.

En cuanto al proceso de ilegalización de Alianza Nacional, le comunicaba que daba traslado de su petición a la Fiscalía de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo a los efectos oportunos.

Ahora, la representación del Ministerio Público en el Alto Tribunal le comunica la apertura de diligencias informativas.

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