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Nacional

Discapacidad. UPyD ve bien que un juez decida si un discapacitado psíquico es apto o no para votar

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 31 de julio de 2013, 12:27 h (CET)
MADRID, 31 (SERVIMEDIA)



El responsable de Programa y Acción Política de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Carlos Martínez Gorriarán, no tiene "nada que oponer" a que un juez, mediante una resolución "debidamente procesada y tasada", decida que un discapacitado psíquico no es apto para votar de forma libre y autónoma.



Así lo expuso a Servimedia, ateniéndose en todo momento a "lo que la legislación diga" y defendiendo que cada caso se estudie "de modo personalizado" y siempre "con tutela judicial".

En su opinión, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que permite que un juez niegue el derecho al voto a un discapacitado psíquico si estima que no puede ejercerlo de forma libre y autónoma, es suficientemente "abierta" y garantiza el estudio individualizado que UPyD defiende.

Martínez Gorriarán suscribe que "algunas discapacidades" pueden impedir el ejercicio de un "papel político activo", y, en lugar de por la reforma de la Loreg para que todos los discapacitados puedan votar, apuesta por una "integración real" como la que a su modo de ver se da en el Ayuntamiento de Valladolid, donde acaba de ser nombrada concejala Ángela Bachiller, una persona con síndrome de Down.

Este caso le "parece bien" a UPyD, puesto que "si tiene derecho a voto tiene derecho a ser representante" político "en la medida en que su discapacidad le permita realizar su trabajo" como tal. "Nos alegramos", señaló Martínez Gorriarán. "Es un paso adelante en la integración a todos los efectos de gente con discapacidades diversas".

Ahora bien, para UPyD, aunque "todo lo que sea ampliar derechos nos parece estupendo" y "hay que dar las máximas facilidades" para que así sea, este razonamiento no se puede aplicar como "criterio universal", sino que "puede haber casos particulares" que objetivamente impidan el ejercicio libre y autónomo del voto.

Si lo atestigua "una decisión judicial debidamente procesada y tasada", como la que actualmente niega ese derecho a unos 80.000 discapacitados, para Martínez Gorriarán "no hay nada que oponer" al respecto.

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