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Economía

La crisis dispara las agresiones a funcionarios, según CSI-F

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 23 de julio de 2013, 13:06 h (CET)
- El Gobierno prepara un protocolo para hacer frente a esta situación, asegura el sindicato

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)



La Administración General del Estado (AGE) va a poner en marcha un protocolo de actuación para hacer frente a los casos de agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo, informa el sindicato de funcionarios CSI-F.

En un comunicado, CSI-F denuncia que desde el comienzo de la crisis este tipo de situaciones conflictivas se han incrementado de manera exponencial, según los testimonios de los trabajadores y la información recabada por los delegados sindicales.

Explica que los casos extremos son las agresiones o intentos de agresiones, pero también insultos, descalificaciones, amenazas o imprecaciones, que, según CSI-F, deben contemplarse como situaciones de violencia en el trabajo y abordarse desde un punto de vista preventivo.

El sindicato llevará a cabo tras el verano un estudio pormenorizado en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), dado que hasta el momento no hay datos sistematizados.

El protocolo que pondrá en marcha la Administración incluirá un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno de los ámbitos administrativos, actualmente inexistente salvo en algunos sectores como el sanitario o el educativo, tradicionalmente más expuestos a este tipo de situaciones y con más experiencia en su tratamiento. También tendrá que incluir, según el sindicato, planes de prevención, actuación y protección ante situaciones violentas.

Para CSI-F, “desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio, una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social”.

A este respecto, señala que “la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo han mermado las plantillas, contribuyendo a una importante sobre carga laboral que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos, que se prestan ‘cara al público’ en situaciones muy adversas”.

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