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Economía

(Ampliación) El Congreso convalida la reforma eléctrica

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 17 de julio de 2013, 18:38 h (CET)
MADRID, 17 (SERVIMEDIA)



El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado viernes.



La votación se ha saldado con 180 votos a favor de la convalidación, 138 en contra y ninguna abstención. Además, los diputados rechazaron tramitar este texto como proyecto de ley.

En su intervención en el pleno, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que la reforma eléctrica “ataja de forma definitiva” el “problema” que se arrastra desde 2004 y elimina el déficit de tarifa, que es la diferencia entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico.

Soria señaló que esta norma se suma a las ya adoptadas y que, gracias a ellas, se palia el déficit de tarifa, que supera los 26.000 millones de euros. Esta norma se aplicará en los últimos seis meses de 2013, por lo que el ministro estimó que para este año el déficit será de entre 2.500-3.000 millones de euros. Si bien, aclaró que por los nuevos mecanismos automáticos que regulan los peajes para evitar que se genere déficit, en caso de existir un déficit, éste quedaría corregido.

El titular de Industria aseguró que este ajuste del déficit se produce con el “menor impacto posible para el consumidor” puesto que su factura será “similar” a la de hace un año. A su juicio, “no hay ninguna otra opción, ninguna otra alternativa” para paliar el déficit que este “marco homogéneo, transparente y estable” promovido que generará “confianza en el sector y los inversores”.

Soria reconoció que las medidas aprobadas, además de este real decreto-ley, “no han sido “fáciles, sino difíciles de asumir por parte de todas las empresas” y “también” por parte de los consumidores y la propia Administración.

Insistió que con la reforma se establece en líneas generales un marco normativo que garantice la estabilidad financiera con carácter definitivo, se consigue la reducción significativa de los costes y garantiza el suministro al menor coste posible para el consumidor. Y “cambia una situación de insostenibilidad financiera con incertidumbre, por otra de sostenibilidad financiera con certidumbre”, agregó.

Tras reconocer que el precio de la electricidad en España está por encima de la media europea, tanto para consumidores como para industriales, reiteró que de no haberse adoptado medidas, el déficit habría alcanzado 10.500 millones 2013 y para corregirlo se tendría que subir la factura un 42%.

El ministro recuperó que en 2003, un consumidor medio (contratación de 5,5 KW y un consumo de 3.300 kWh al año) pagaba 360 euros en la factura de los que 12 euros eran por los costes de los sistemas extrapeninsulares, 60 euros por las primas a las renovables, 120 por la distribución, 31 euros por el transporte, 125 por la generación eléctrica.

Ocho años después, el mismo consumidor pagó 588,5 euros (63% más), de los que 24 euros son por los intereses de la deuda del déficit, 47 euros por los costes de las extrapeninsulares, 253 euros por las primas, 176 por la distribución, 52 euros por el transporte, y 199 euros por la generación.

Con este ejemplo, el ministro quiso exponer que “todo en esta vida tiene su explicación”, que el déficit es por el incremento de las primas y los intereses por el déficit, y que “no hay que ser” ningún ingeniero industrial de rama eléctrica para comprender la situación del sistema eléctrico y saber qué hacer para solucionar el problema de una “manera definitiva”.

CARGAR EN LA MOCHILA

Por su parte, el diputado socialista José Segura, quien anunció su posición contraria a la norma, reprochó al Gobierno que no haya consultado la reforma con las Cortes, y recordó al ministro que el “origen” del déficit eléctrico se originó con la ley del sector eléctrico de 1997, aprobada por el Gobierno que presidía José María Aznar.

A su juicio, falta una “verdadera reforma” y no la que se está haciendo “”a base de reales decretos leyes”.

Segura recriminó que se vayan a “cargar en la mochila” de los consumidores 1.800 millones, porque los 900 millones a los consumidores que deberán abonar con subida de precios, y los 900 millones que irán a Presupuestos Generales del Estado, los pagan los mismos.

El portavoz de CiU, Josep Sanchez i Llibre, denunció la política de “improvisación” del Gobierno con esta medidas y que las “más perjudicadas” serán las familias porque además de una subida inmediata, todo apunta a nuevos incrementos. En esta línea, dijo que los “grandes beneficiados” van a ser el tejido empresarial alemán e italiano porque se van a llevar el negocio ya que el “el español no va a ser competitivo”. Asimismo denunció que las renovables están sufriendo “cambios de reglas de juego” de manera constante.

Pedro Azpiazu, del PNV, denunció que el Gobierno haga las reformas a través de reales decretos así como la falta de diálogo con las Cortes y que “no ha habido tiempo” para estudiar la medida. Real decreto un “tanto absurdo”, dijo.

Laia Ortiz, de ICV, acusó al Gobierno de tener la Cámara Baja “secuestrada” y de actuar como un “régimen autoritario” al imponer reformas por la vía de reales decretos. Afirmó que esta reforma “no responde al interés general sino a los intereses partidistas.

Desde el PP, Antonio Herias afirmó que las críticas de los partidos han estado llena de “prejuicios y de ideologización”. Y puntualizó que, a su juicio, “los menos afectados” por la reforma son los consumidores.

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