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Economía

(Ampliación) Los astilleros esperan que el Gobierno “minore lo máximo posible” el impacto de la decisión “injusta” de Bruselas

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 17 de julio de 2013, 14:13 h (CET)
MADRID, 17 (SERVIMEDIA)



La consejera delegada de la patronal Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), Almudena López del Pozo, expresó este miércoles su confianza en el Gobierno español para que “minore en lo máximo posible” el impacto de “la decisión injusta de Bruselas”.

Así se expresó López del Pozo en una rueda de prensa junto al presidente de Pymar, Álvaro Platero, tras la confirmación por parte de la Comisión Europea de que España debe exigir la devolución de las ayudas fiscales al sector naval entre 2007 y 2011.

A este respecto, la consejera delegada de la patronal astillera explicó que es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que debe determinar qué parte de estas ayudas es reclamada a los inversores en función de esta resolución de la Comisión Europea.

Por su parte, Platero denunció que la decisión “es injusta y discriminatoria, porque hay argumentos jurídicos incontestables para alargarlo hasta 2011 y porque nos trata distinto de como se trató a otros países, como Francia”.

Asimismo, aseguró que “vamos a seguir peleando por el sector naval y por mantener los 87.000 puestos de trabajo”.

Por otro lado, López del Pozo denunció que los astilleros han perdido 50 encargos de nuevos barcos desde que se inició este proceso y que son precisamente los países demandantes, además de los asiáticos, los que han recibido finalmente esos encargos. Además, siete astilleros han entrado en concurso desde 2011.

De hecho, apuntó que la producción de los astilleros se ha reducido sensiblemente desde 2011, pasando de unas 300.000 toneladas a unas 20.000.

Sin embargo, confió en que los astilleros no se vean obligados a suspender su actividad y que los inversores recuperen su confianza con el nuevo sistema de ‘tax lease’, vigente desde 2012.

Por todo ello, aseguró que Pymar “se reserva el derecho a tomar las acciones legales pertinentes” contra una decisión que debe sentar precedentes para los casos de otros países, como Malta, Grecia y Holanda.

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