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Nacional

Moragas asegura que “no consta” al Gobierno que haya habido espionaje por parte de Estados Unidos

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 9 de julio de 2013, 13:40 h (CET)
MADRID, 09 (SERVIMEDIA)



El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Jorge Moragas, aseguró hoy en la Comisión Constitucional del Congreso que “no consta” al Ejecutivo español que haya habido espionaje por parte de Estados Unidos, en contra de las denuncias formuladas por el exanalista de la CIA, Edward Snowden.



Moragas comparece esta mañana en la Cámara Baja para explicar a los grupos la nueva Estrategia de Seguridad Nacional y adelantar los contenidos de la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional que presidirá el Rey con la asistencia de Mariano Rajoy el próximo jueves.

Respondiendo a las inquietudes planteadas por los portavoces de La Izquierda Plural, UPyD y Amaur en relación al espionaje, Moragas aseguró que al Ejecutivo español “no le consta” que esas actividades se hayan producido. “Permítanme que les tranquilice”, dijo a los parlamentarios.

Además, aseguró que los estudios comparativos del servicio de información español demuestran que la inteligencia del Estado es “una de las más garantistas que existen en todo el mundo”.

El portavoz de La Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, mostró el “desacuerdo” de su grupo con un modelo de Estrategia de Seguridad Nacional “continuista” en relación con lo aprobado por el anterior gobierno socialista y que adolece de una “visión propagandistica” de la seguridad. “¿Porqué no hay una estrategia de solidaridad nacional?”, se preguntó el diputado.

Llamazares denunció la “deriva penal” del mantenimiento de la seguridad del Estado que en muchas ocasiones depende más de medidas sociales que de acciones represivas y criticó que nunca haya “derivas hacia la preocupación por el bienestar de los ciudadanos”.

Desde La Izquierda Plural mostraron su preocupación por el “cibercontrol” de “nuestros propios aliados” que evidencia la “autonomía de los servicios de inteligencia de sus gobiernos, como un riesgo infravalorado”.

Además, Llamazares denunció en sede parlamentaria, la “vergüenza” del trato dispensado al presidente de Bolivia, Evo Morales, a instancias de Estados Unidos.

CONSENSO

En nombre UPyD, Irene Lozano advirtió al responsable del Gobierno de la imposibilidad de su grupo de “compartir algo a lo que no se nos ha invitado a compartir”.

La diputada recordó que sólo el PSOE ha participado en la redacción de la Estrategia al amparo de la idea de que únicamente los dos partidos mayoritarios “son el Estado”, tras lo cual pidió un “esfuerzo” para “incluir” en posibles consensos a otras formaciones políticas.

Lozano se refirió al terrorismo yihadista como uno de los riesgos novedosos que debe contemplar la Estrategia de Seguridad Nacional y planteó al responsable del Gobierno preguntas directas sobre la “reorganización de ETA” y la prevención de acciones de “lobos solitarios”, como el que actuó el maratón de Boston.

Además, preguntó a Moragas si los servicios de inteligencia españoles fueron “capaces de detectar” las intrusiones de los servicios de espionaje estadounidenses en las comunicaciones denunciados por el ex analista de la CIA Edward Snowden.

Tanto el portavoz de CiU, Feliu-Joan Guillaumes como el socialista Enrique Serrano, adelantaron su apoyo a una Estrategia que consideran necesaria.

Guillaumes destacó que la Estrategia presentada tiene un claro perfil anglosajón que consideró positivo y reclamó la más estricta colaboración entre las policías de ámbito nacional o transnacional con las autonómicas porque “sólo las bases de datos compartidas permiten la unidad de acción”.

Por su parte, Serrano compartió el enfoque de esta Estrategia de Seguridad Nacional que es una continuación de la diseñada bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, “es necesaria” y debe involucrar a “todas las administraciones”.

Los socialistas objetan, no obstante, que pese a haber hablado con el Gobierno sobre la introducción de un tratamiento distinto de la inmigración para evitar una visión “dantesca”, ésta ha quedado excluida del texto aprobado por el Consejo de Ministros.

Por su parte, el diputado Emilio Olabarría (PNV) preguntó por qué cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría “está permanentemente reivindicando e invocando la necesidad de adelgazar la Administración” el Ejecutivo propone “la creación de uno nuevo”. Por eso, quiso conocer cuáles van a ser las características de este nuevo órgano, dónde va a estar ubicado, cuáles es el número de funcionarios que previsiblemente trabajarán ahí, entre otras cosas.

En cuanto a las relaciones con Latinoamérica a las que se refirió Moragas, Olabarría se preguntó “hasta qué punto” episodios como el ocurrido con el presidente de Bolivia, Evo Morales, “van a ser las actuaciones que van a jalonar esta voluntariosa y pretendida colaboración con los países” de Centro América y América del Sur.

LIBERTAD Y SEGURIDAD

El diputado de Amaiur Rafael Larreina dijo que el lema “avanzar en la seguridad significa recortar libertades es una tentación que suele ser muy presente” en los debate relativos a la seguridad nacional y prueba de ello es el escándalo del espionaje de Estados Unidos.

A su juicio, “hablar de seguridad sólo es posible desde el reforzamiento de las libertades” porque “no se puede aplicar el principio de que el fin justifica los medios”. Por esta razón, hizo hincapié en la importancia de “salvaguardar las libertades individuales, el derecho a la intimidad de las personas”.

Larreina también habló de la importancia del principio de transparencia y señaló que el órgano que dirigirá Jorge Moragas esté “sometido a un control parlamentario”. Por último, destacó la necesidad de luchar contra el fraude y la corrupción “porque probablemente sea el elemento más clave que afecta a la seguridad de las instituciones”.

Moragas dijo entender la “inquietud” de Lareina por la dicotomía emtre libertad y seguridad, y le garantizó en España “la seguridad está al servicio de la libertad.

Insistió también en “prevenir ciberataques es una prioridad del Gobierno”, en especial, para evitar “acciones concertadas” o las impulsadas por “organizaciones terroristas”.



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