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Economía

La Audiencia Nacional decide levantar la cauteralísima al decreto del carbón

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 10 de enero de 2011, 12:30 h (CET)
MADRID, 10 (SERVIMEDIA)



La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido levantar la medida cautelarísima en relación a uno de los apartados del decreto sobre el carbón.

El pasado 5 de noviembre la Audiencia Nacional acordó mantener la suspensión del citado real decreto hasta que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre las medidas cautelares.

Según el auto, "dado que el Tribunal Supremo, mediante autos de fecha de 22 de diciembre de 2010 ya se ha pronunciado, sobre la medida cautelar ordinaria solicitada en los recursos (...) en relación con el Real Decreto" y se llega a la conclusión "de que no procede adoptar la misma por las razones que en ellos se exponen y que son conocidas por las partes, procede en este momento levantar la suspensión acordada".

Además, la sala desestima el recurso de súplica interpuesto por el Abogado del Estado contra el citado auto del 5 de noviembre de 2010.

Las compañías Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa estaban abiertamente en contra del llamado Real Decreto de resolución de restricciones por garantía de suministro y han abierto tres frentes diferentes contra el mismo.

Estas empresas entienden que esta normativa perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado, que quedarían fuera del mercado cuando no hubiera hueco para ellas, dado que el nuevo decreto da prioridad a la entrada de las plantas que consumen carbón español.

Las compañías a título individual han acudido a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo en contra de este decreto. Así, el pasado 7 de octubre de 2010 presentaron sendos recursos contencioso-administrativos ante el Supremo. Además, el día 18 de octubre abrieron el tercer frente al acudir al Tribunal de Luxemburgo, en contra de la decisión de la Comisión Europea de autorizar esta normativa que, a su entender, entraña una ayuda de Estado, incompatible con el derecho comunitario, y daña a sus intereses comerciales.

 
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