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Nacional

El PP alega ante Ruz que no guarda el registro de las visitas de empresarios a su sede nacional

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 2 de julio de 2013, 11:45 h (CET)
- Destruye cada mes el libro de entradas y salidas por la Ley de Protección de Datos

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)



El PP ha alegado ante el instructor de la causa abierta por los ‘papeles de Bárcenas’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que no guarda el registro de visitas de su sede nacional, sita en la calle Génova de Madrid, ya que destruye cada mes el libro de entradas y salidas del edificio en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.





Los populares han contestado así a los requerimientos del magistrado, quien hace un mes reclamó al jefe de seguridad del partido que le remitiese el registro de entradas y salidas de la sede para conocer las visitas que realizaron a la sede los ocho empresarios imputados en la causa por haber presuntamente donado diferentes cantidades de dinero al PP.

El partido de Mariano Rajoy contestó la semana pasada al juez de la Audiencia Nacional que tritura cada mes el citado registro en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

Ruz, en concreto, quería conocer “el día, mes, año y persona a visitar” registrados cuando acudieron a la sede de la calle Génova los empresarios Alfonso García Pozuelo, Juan Miguel Villar Mir, José Luis Sánchez Domínguez, José María Mayor Oreja, Manuel Conteras Caro, Luis del Rivero, Juan Manuel Fernández Rubio y Antonio Vilela. Algunos de estos imputados explicaron en las declaraciones que prestaron ante Ruz el pasado mes de mayo que las donaciones que realizaron al PP se las entregaron en mano al extesorero Álvaro Lapuerta en su despacho de la sede nacional.

El juez pidió esta documentación al PP en el marco de una batería de diligencias acordadas el pasado 31 de mayo en el marco de la investigación de la supuesta contabilidad B de los populares.

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Además del registro de visitas, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó al PP que le entregase las contabilidades de sus gastos de representación así como las de sus sedes en Andalucía, Galicia, La Rioja, Cantabria y Cataluña.

El magistrado solicitó los gastos de representación entre 2004 y 2012 ante las sospechas de que el PP recurrió a esta fórmula para registrar los supuestos sobresueldos que se abonaba a los dirigentes que compaginaban sus cargos públicos con alguna responsabilidad en el seno del partido. Varios de los nueve miembros del PP interrogados como testigos por Ruz reconocieron el pago de estos sobresueldos.

En este sentido, el magistrado pidió asimismo a Hacienda las “imputaciones de cobros y pagos realizados por terceros al PP” entre 1990 y 2005.

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