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PP, PSOE e IU escenifican en la FEMP sus diferencias sobre la reforma local

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 25 de junio de 2013, 18:39 h (CET)
MADRID, 25 (SERVIMEDIA)



La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, del PP, acordó este martes seguir negociando con el Gobierno los aspectos aún pendientes de incorporar a la reforma local “desde la máxima lealtad institucional pero con firmeza”.

Mientras, los miembros del Consejo Territorial que pertenecen al PSOE solicitaron, al igual que ya hicieran en la anterior Junta de Gobierno, la convocatoria de un pleno Extraordinario de alcaldes para abordar la reforma local, una petición a la que se han sumado también los representantes de IU, y que no ha contado con apoyos suficientes, según explicó De la Serna.

En el transcurso de la reunión del Consejo Territorial de la Federación, De la Serna expuso a sus miembros los avances conseguidos en relación a las alegaciones planteadas por la FEMP al texto del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Así, indicó que el último texto conocido supone un “avance significativo” con respecto al anterior ya que establece que la determinación del coste estándar ha de ser informada en la Comisión Nacional de Administración Local; suprime el artículo que posibilitaba la intervención de los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y establece que los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes también podrán ejercer competencias delegadas por las CCAA, una opción que tenían vetada con anterioridad.

No son estos los únicos cambios que se han incorporado al texto del anteproyecto a instancias de la FEMP. Así, los alcaldes de poblaciones menores de 1.000 habitantes podrán recibir retribuciones y se ha establecido un mecanismo francamente positivo por el que la delegación de competencias a los ayuntamientos por parte de las CCAA se recogerá en convenios que garantizan que éstos recibirán el cien por cien de la financiación, así como una estabilidad en el tiempo no inferior a cinco años.

Pese a todo, aún quedan por incluir algunos asuntos ya cerrados en la última reunión de la Comisión Nacional de Administración Local y que el propio Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se ha comprometido con la FEMP a incluir en el anteproyecto antes de que éste vuelva a Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión a las Cortes, lo que se prevé que ocurra en el próximo mes de julio.

Se trata de cuatro aspectos: uno, definir con más claridad que los interventores no pueden entrar en cuestiones de oportunidad política sino limitarse a su función de control de eficacia; dos, la retirada de una frase incorporada a última hora que habla de intervención temporal de municipios previa a su disolución; tres, que se refleje con absoluta claridad que, en relación a las competencias en materia de Educación, hasta que no se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica, los ayuntamientos seguirán prestando los servicios como hasta ahora, es decir, que no tendrán que financiar a las CCAA por su gestión; y, cuatro, el coste estándar se determinará con participación de la FEMP.

En el Consejo Territorial también se ha acordado continuar trabajando para que se puedan seguir incorporando a la reforma el máximo número de alegaciones realizadas por los gobiernos locales, bien antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, bien en el posterior trámite parlamentario. Con este fin, se ha resuelto iniciar lo antes posible contactos con los distintos grupos parlamentarios para que conozcan la posición de los alcaldes sobre la reforma.

El aspecto que se defenderá desde la Federación con mayor firmeza es el relativo al coste estándar que, a juicio de los alcaldes, debe ir encaminado a buscar la eficiencia en la prestación de los servicios pero no a castigar a los municipios.

Por este motivo, la FEMP aboga que éste sólo se aplique a los municipios que no son solventes, que se establezca únicamente para los servicios que generen economías de escala y, finalmente, que se otorgue a los ayuntamientos un plazo amplio (de un año) para adaptarse a esta nueva cultura de la gestión municipal.





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