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Sociedad

La Plataforma de Infancia considera "un paso atrás" la supresión de las Defensorías del Pueblo

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 24 de junio de 2013, 12:53 h (CET)
MADRID, 24 (SERVIMEDIA)



La Plataforma de Infancia considera "un paso atrás en la garantía de los derechos humanos" la decisión del Gobierno de plantear entre las medidas de austeridad la supresión de las Defensorías del Pueblo, medida recogida en la Reforma de las Administraciones Públicas, presentada el pasado viernes por el Ejecutivo en Consejo de Ministros.

La eliminación de las defensorías está entre las 217 medidas que incorpora la reforma, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones, recordó este lunes la citada plataforma.

En palabras de su portavoz, Ángel Hernández, la Plataforma de Infancia considera que "en tiempos de crisis los recortes no deben suponer en ningún caso un retroceso en la garantía de derechos".

En la actualidad, la figura de las Defensorías del Pueblo y del Menor en las comunidades autónomas "goza de un amplio reconocimiento y legitimidad, logrados gracias al rigor e independencia de sus actuaciones", aseguró la entidad.

Esta figura, prosiguió, está dotada de la potestad para conocer las actuaciones de las Administraciones Públicas con vistas a supervisar irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Según el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, las instituciones nacionales independientes de Derechos Humanos representan un importante mecanismo para promover y asegurar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (tratado internacional ratificado por España en 1990), recordó la Plataforma de Infancia.

Este mismo comité, incidió la misma plataforma, "observa con satisfacción el establecimiento de las Defensorías como instituciones dedicadas a velar por que se preste especial atención al cumplimiento de los Derechos Humanos de niños y niñas".

Por todo esto, el portavoz de la Plataforma de Infancia advirtió de que "la supresión de estos organismos supondría un vacío en el control de la gestión pública y una indefensión de la ciudadanía ante actuaciones de las Administraciones Públicas".

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