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Nacional

La Audiencia Nacional tiene imputados a medio centenar de banqueros

Agencias
@DiarioSigloXXI
domingo, 23 de junio de 2013, 09:37 h (CET)
- Por irregularidades en su gestión

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)



Los seis juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional investigan a siete entidades bancarias en unos procedimientos judiciales en los que se encuentran imputados más de medio centenar de directivos por presuntas irregularidades en su gestión.

Así consta en la Memoria de la Audiencia Nacional del año 2012, en la que se detalla la actividad del tribunal, que estuvo marcada por las investigaciones de entidades bancarias (‘caso Bankia’), los casos de corrupción (‘caso Gürtel’) y las investigaciones contra grandes organizaciones criminales (‘Operación Emperador’).

En lo referente a las entidades bancarias, además de por Bankia, la Audiencia Nacional tiene abiertas causas por las presuntas irregularidades en Banco de Valencia, Novacaixagalicia, Caixa Penedés, CAM, Caja Castilla-La Mancha o Eurobank del Mediterráneo.

En la actualidad, con la admisión en marzo de 2013 de una querella en el juzgado de instrucción 6, del que es titular el juez Eloy Velasco, contra antiguos gestores de Caja Navarra, todos los juzgados de instrucción se encuentran tramitando algún procedimiento contra entidades bancarias, algunos de los cuales son de compleja investigación y tramitación por el volumen de perjudicados.

CORRUPCIÓN Y TERRORISMO

En la Audiencia Nacional también destacan los casos relacionados con la corrupción, como el ‘caso Gürtel’ o la causa por los ‘papeles de Bárcenas’.

En las cifras de la Memoria también se refleja el trabajo de los juzgados de instrucción durante 2012, al haber resuelto 1.541 asuntos frente a los 1.218 que ingresaron, lo que redujo el nivel de pendencia de asuntos, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Sala de lo Penal también resolvió más asuntos de los que entraron (2.088 frente a 2.025). Sus cuatro secciones celebraron un total de 55 juicios contra miembros de ETA, una cifra similar a la de los celebrados tres años antes, en 2009, pero inferior de los 75 de 2011 y a los 65 de 2010.

Esta cifra se podría explicar por el descenso de la actividad terrorista, aunque muchos de los juicios celebrados tienen su origen en acciones violentas cometidas varios años atrás.

En todo caso, el pasado año fueron juzgadas 141 personas y, de ellas, quienes más veces se sentaron en el banquillo fueron los miembros del 'comando Otazua' Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria, que lo hicieron en cinco ocasiones, si bien los que acumularon mayores condenas fueron Andoni Otegi y Óscar Celarain, quienes, en tres juicios, fueron sentenciados a penas cercanas a los 900 años de prisión.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Durante 2012 se potenció el papel de la Oficina de Asistencia a las Víctimas con el fin de prestar un servicio lo más amplio posible, no solo presencial, sino también virtual. Fruto de ello fue la puesta en marcha, en noviembre, de una Oficina Electrónica que permite a las víctimas consultar el estado de sus causas, su tramitación y sentencias sin necesidad de desplazarse al tribunal.

Se ha realizado un importante esfuerzo de investigación para encontrar las 349 causas de atentados terroristas que, según algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, estaban pendientes de localizar. A final de año, según destaca la Memoria, tan solo había seis asuntos pendientes de localización. En la actualidad, esta cifra se ha reducido a dos casos.

Además, desde 2012 las víctimas reciben asistencia psicológica por videoconferencia si así lo solicitan.

NUEVAS COMPETENCIAS

La Sala de lo Penal, reunida en Pleno con la presencia del presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, elevó al Ministerio de Justicia una propuesta de modificación de las competencias del tribunal para luchar con mayor eficacia contra las nuevas formas de criminalidad organizada.

En el ámbito de lo Social, el papel de la Audiencia Nacional ha sido muy relevante “debido a la grave crisis económica existente”, subraya la Memoria.

Ello ha sido así porque la Sala de lo Social ha tenido que incorporar las innovaciones introducidas en las reformas laborales de 2010 y 2011, obligando a sus magistrados a “abrir camino en la interpretación y aplicación de las nuevas regulaciones, que no se distinguen precisamente por su claridad y precisión, especialmente en materia de despido colectivo”.

“La competencia de la Sala se sitúa en el centro de gravedad del derecho colectivo del trabajo, de manera que el resultado eficiente de su trabajo permitirá resolver colectivamente litigios estratégicos de las relaciones laborales, contribuyendo, de este modo, a ordenar colectivamente el mercado de trabajo, que es uno de los requisitos constitutivos para la modernización de nuestro sistema productivo”, explica la Memoria.

CRISIS ECONÓMICA

Fruto de ese contexto económico actual, la Sala ha recibido un número de asuntos que considera “histórico” al haber pasado de 268 en 2011 a 391 en 2012, lo que supone un incremento del 45,89 por ciento. En este sentido, destaca la llamativa entrada de asuntos en el mes de agosto (28), cuando ningún otro mes de agosto se habían registrado más de cinco.

También la Sala de lo Contencioso-administrativo tuvo un año intenso a tenor de las cifras, que muestran que ingresaron 9.153 asuntos en 2012 frente a los 8.405 del ejercicio anterior, pese a lo cual, los magistrados resolvieron más asuntos que ningún otro año.

En concreto, pusieron fin a 11.755 procedimientos, aunque el nivel de pendencia de este órgano es todavía elevado, una cifra que puede explicarse por la complejidad de los asuntos que se resuelven y por las reformas legislativas que han ido dando a esta Sala más competencias, tanto en primera instancia como en apelación.

La reducción de la pendencia a pesar del aumento del número de asuntos ingresados se explica, según la Memoria, por el esfuerzo y dedicación de los magistrados de la Sala, así como por la aplicación de los “remedios procesales” que la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa contempla, como el uso del “pleito testigo”.

En lo que respecta a la calidad de las resoluciones, el informe del CGPJ señala que en esta jurisdicción se confirmaron en 2012 el 84,9 por ciento de las sentencias, mientras que el 9,9 fueron revocadas totalmente, el 4,3 lo fueron parcialmente y el uno por ciento fueron anuladas.

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