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Economía

El 37% de las empresas turísticas afirma que la burocracia les cuesta más de 6.000 euros al año

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 20 de junio de 2013, 14:28 h (CET)
MADRID, 20 (SERVIMEDIA)



El 37% de las empresas turísticas afirman que el pasado año dedicaron más de 6.000 euros a cumplir con los trámites administrativos, según los resultados la “Encuesta sobre Cargas Administrativas en el Sector Turístico”, que han elaborado las Cámaras de Comercio, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.



De este porcentaje, un 6,6% señala que destina entre 15.000 y 30.000 euros y para un 4% la cifra anual es incluso superior a 30.000 euros. En ese coste económico se contempla el pago de tasas, inspecciones, impresos, desplazamientos, así como los gastos de gestoría o personal dedicado a estas tareas, no los impuestos, según informó la Cámara de Comercio.

Según la encuesta de las Cámaras- centrada en el sector turístico debido a su aportación al PIB que en 2012 superó el 11%- los trámites administrativos más costosos, tanto en términos de tiempo como monetarios, son los relativos a la llevanza y legalización de libros contables (44,9%), la presentación de solicitud y documentación para obtener autorizaciones (40,6%) y la inscripción en registros (Registro de Actividades y Establecimientos Turísticos) (35,3%).

Sólo un 8,8% de los encuestados ha observado en los dos últimos años una reducción real en los trámites administrativos que debe cumplir siendo, principalmente, la mejora asociada a los procedimientos fiscales (56,1% de las compañías) y laborales (34,1%), mientras que en los trámites medioambientales o los relativos a la contratación pública apenas se han percibido avances (9,8%).

Sobre las duplicidades entre Administraciones públicas, las empresas identifican a la autonómica como aquella que incurre en mayores duplicidades, especialmente en el campo de la inscripción de registros (35%) y en la presentación de solicitud y documentación para obtener autorizaciones (31,8%). La Administración General del Estado es la que registra una menor incidencia en este terreno, mientras que la local ocupa una posición intermedia.

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