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Sociedad

(Ampliación) Violencia género. Gobierno y comunidades prometen un protocolo nacional contra la mutilación genital femenina

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 17 de junio de 2013, 16:37 h (CET)
- Dentro de la nueva Estrategia para erradicar los malos tratos

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)



El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pondrá en marcha un protocolo contra la mutilación genital femenina, dentro de la nueva Estrategia para la Erradicación de la Violencia de género 2013-2016 aprobada este lunes en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Este proyecto contará con un presupuesto de 1.539 millones de euros, de los que 300 procederán de las comunidades autónomas y el resto será aportado por el Gobierno central.

En rueda de prensa, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, subrayó que la nueva estrategia incluirá “otras formas de violencia contra la mujer, como el matrimonio forzoso, la mutilación genital y la trata con fines de explotación sexual”.

De ahí este protocolo para la detección y mejor atención a las víctimas de la ablación, que hará especial hincapié en la formación de los especialistas.

Asimismo, el plan prestará mayor atención a los grupos más vulnerables (inmigrantes, mujeres mayores del mundo rural y mujeres con discapacidad), a cuyas organizaciones el ministerio entregará todas las campañas e información de que dispone para mejorar el conocimiento y la asistencia a estos grupos.

Junto a estas mujeres, los menores serán los principales destinatarios del plan, que de hecho reforzará su protección y los considerará como “víctimas directas” de la violencia ejercida contra sus madres, afirmó Moreno.

PLAN INTEGRAL

La estrategia contiene 258 medidas dirigidas a la sensibilización, mejora de la atención, impulso de una asistencia personalizada, fomento de la denuncia, inserción laboral de las víctimas, refuerzo en la protección judicial y policial, mejora de la atención sociosanitaria, coordinación entre las distintas administraciones implicadas y recogida de datos e información.

Según Moreno, la reforma del Código Penal incluirá así la tipificación de la manipulación de los dispositivos electrónicos para el seguimiento de los condenados, y se establecerá la posibilidad de que estos entren en un período de libertad vigilada una vez cumplida su pena. Además, prosiguió, se negocia con Instituciones Penitenciarias a fin de que los agresores porten dichos “brazaletes” cuando estén de permiso.

Otras iniciativas del plan se refieren a la incorporación de estos casos en “el tronco de todos los estudios relacionados con el ámbito sanitario” de contenidos sobre violencia de género, la mejora de la capacitación de los profesionales médicos del ámbito rural y la formación de losagentes judiciales y policiales.

La promoción de una 'ventanilla única' que facilite el acceso al sistema de las víctimas figura también en esta estrategia, que propone impulsar “códigos de autorregulación junto con los medios para fomentar la igualdad y ayudar a prevenir la violencia contra las mujeres”, afirmó el secretario. En su opinión, “está comprobado que las series y ciertas campañas de publicidad contribuyen a difundir mensajes negativos”.

La estrategia prevé, finalmente, la realización de estudios y encuestas sobre la percepción de la violencia de género entre la población general y en especial entre los menores.

De hecho, Sanidad pondrá en marcha una aplicación para smartphone con información y recursos dirigida a adolescentes, entre los que se aprecia “un preocupante” repunte de actitudes machistas.

En el encuentro celebrado hoy se acordó también el reparto de 5 millones de euros entre las comunidades autónomas para programas de apoyo psicosocial y promoción de la igualdad, y se decidió crear una red nacional de Centros de Acogida y Recuperación Integral de las víctimas de malos tratos.

Según Moreno, la red “integrará a las actuales casas de acogida y a los pisos tutelados” que existen en las comunidades autónomas, para “cubrir todos los niveles de atención a las víctimas, en todo el territorio”.

Se establece también un plazo de cuatro meses para que entre en funcionamiento, prosiguió, en el que las autonomías prometen poner en marcha un protocolo de “derivación personalizada” a estas mujeres. De este modo, los casos “de emergencia podrán ser derivados a uno de estos centros en 24 horas como máximo”, destacó el secretario de Estado.

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