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JpD defiende que se intente “persuadir” a los jueces con escraches

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 25 de abril de 2013, 12:00 h (CET)
MADRID, 25 (SERVIMEDIA)



La asociación Jueces para la Democracia (JpD) dijo hoy que no ve inconveniente en que se intente “persuadir” a miembros de la judicatura con escraches, siempre que esto se realice de forma pacífica y sin cometer delitos.

Joaquim Bosch, portavoz de JpD, se refería así, en declaraciones a Servimedia, a la posibilidad de que los escraches se extiendan a los jueces, después de que los afectados por las hipotecas se hayan centrado hasta ahora en realizar estos actos de protesta contra políticos y cargos públicos del PP.

Preguntado por estos posibles escraches a jueces, Bosch señaló que “cualquier tipo de ejercicio del derecho de manifestación y de crítica lo que busca es persuadir, generar un estado de opinión”.

“Mientras esto no se realice con el uso de la fuerza y actuaciones delictivas”, precisó, “estas actuaciones pueden resultar molestas, incómodas, pero están amparadas por el ejercicio de derechos fundamentales”.

Al mismo tiempo, el portavoz de JpD compartió el criterio expresado sobre este asunto por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, quien manifestó este miércoles que "los escraches, en tanto no sean violentos, son un ejemplo de la libertad de manifestación", un concepto del que dijo ser "un enamorado".

A este respecto, Bosch sostuvo que “en una sociedad democrática los cargos públicos deben aceptar la existencia de críticas a su gestión”. Aseguró que los escraches, mientras “se efectúen de manera pacífica, son formas de libertad de expresión, de ejercer el derecho de manifestación”.

En cuanto a que estas protestas tengan lugar frente al domicilio de cargos públicos, este representante de los jueces opinó que son los propios convocantes de estas protestas los que deben valorar “con criterios éticos, de legitimidad o de oportunidad” este tipo de actuaciones. Insistió en que estas concentraciones frente a las viviendas de políticos no deben ser combatidas con medidas “de tipo policial”, sino ser contrarrestadas “con argumentos propios del debate público”.

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