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Sociedad

Activistas denuncian que sin derecho a Sanidad se condena a muerte a los inmigrantes sin papeles

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 24 de abril de 2013, 14:23 h (CET)
- Cuando se cumple un año de la publicación en el BOE de la reforma sanitaria de Rajoy

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)



Activistas de las ONG que trabajan con afectados por VIH y sida se concentraron este miércoles, vestidos de presos condenados a muerte, frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para denunciar que la reforma impulsada por este departamento hace un año deja en "total desamparo" a muchas personas.

La protesta tuvo lugar el día en el que se cumple un año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que modificó el copago farmacéutico y dejó sin asistencia sanitaria (salvo en urgencias y pediatría) a los inmigrantes en situación irregular.

Miguel Luis Tomas, vocal de la Comisión Permanente de la Coordinadora Estatal del VIH/Sida (Cesida), señaló que "las medidas tomadas por el Gobierno central y por algunas comunidades autónomas han hecho que el número de personas excluidas del sistema sanitario haya aumentado considerablemente y constituyen una vulneración de los derechos humanos".

"La falta de papeles no puede ser una condena a muerte", prosiguió el también miembro del Colectivo de Gays y Lesbianas de Madrid (Cogam).

Y es que, aseguraron los activistas concentrados delante del ministerio que dirige Ana Mato, "hay personas con VIH que han dejado de tener acceso al tratamiento, lo que supone una violación del derecho a la vida y pone en riesgo a la ciudadanía", ya que alguien con VIH que no sigue un tratamiento antirretroviral tiene una mayor capacidad de trasmisión del virus.

Pero, añadieron, al decreto sobre la reforma sanitaria hay que unir los recortes, que hacen que "se niegue el acceso a los tratamientos más avanzados de Hepatitis C, a personas privadas de libertad y con coinfección por VIH".

Además, sostienen, ni el Gobierno central ni las comunidades llevan a cabo programas propios de prevención del VIH y las ONG cada vez cuentan con menos recursos económicos para hacer frente a una adecuada respuesta ante el VIH y el sida.

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