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Economía

La patronal eólica recurre al Supremo la orden de peajes

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 23 de abril de 2013, 16:01 h (CET)
MADRID, 23 (SERVIMEDIA)



La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra la normativa que modifica las tarifas y primas de las plantas renovables al considerar que "no es ajustada a Derecho".



En concreto, se trata de un recurso contra la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas del régimen especial porque considera que es “es gravemente lesiva”, según informó la AEE.

Para la patronal eólica la norma vulnera el Derecho Comunitario y la Constitución con la eliminación de la posibilidad de acogerse a la opción de mercado más prima (lo que ha afectado a más del 90% de los parques eólicos españoles) y, por otro, la modificación de los parámetros de actualización de las tarifas, lo que supone una reducción de facto importante de la retribución.

Por ello, la AEE, que afirma que está haciendo “todo lo posible” para que se eliminen o modifiquen los aspectos “injustificados y perniciosos” para el sector, también presentó en sus alegaciones a la orden de peajes ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el pasado febrero porque entiende que “infringe los principios de rentabilidad razonable, seguridad jurídica y confianza legítima”.

El carácter de retroactividad de la norma, dice la AEE, “vulnera claramente los derechos adquiridos de las empresas, con la consiguiente inseguridad jurídica”.

“El cambio del índice de actualización de la retribución supone que las tarifas para 2013 sean inferiores a las que existían en 2012 y que, en los próximos años, la retribución se encuentre aún más lejos de cumplir con el supuesto de la rentabilidad razonable. Cerca del 70% de los parques eólicos españoles está financiado a través de créditos, por lo que está en riesgo su viabilidad”, sostiene.

La patronal eólica AEE opina que las medidas tomadas por el Gobierno en relación al sector son “inaceptables, y debería reconsiderarlas, ya que hacen más daño que los beneficios que generan, lo que ya se está apreciando en los continuos cierres de fábricas y destrucción de empleo”.

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