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Andalucía recurre de nuevo ante el TC las tasas judiciales

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 23 de abril de 2013, 13:21 h (CET)
MADRID/SEVILLA, 23 (SERVIMEDIA)



El Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado este martes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, que modifica el régimen de las tasas judiciales contenido en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

Según la Junta, esta reforma mantiene los mismos motivos de inconstitucionalidad que en su día llevaron a recurrir la ley estatal, ya que sigue generalizando el pago por el acceso a la Administración de Justicia hasta el punto de producir un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El Consejo de Gobierno subraya que la corrección llevada a cabo a través del Real Decreto Ley se ha limitado a aspectos muy concretos que no implican una modificación sustancial del régimen establecido en la ley. Además, tampoco recoge en su integridad las recomendaciones formuladas por la Defensora del Pueblo al ministro de Justicia para preservar los principios constitucionales.

El nuevo recurso de la Junta se centrará en siete apartados del artículo 1 del Real Decreto Ley, por vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la Carta Magna española, donde se recogen estos principios.

A juicio del Gobierno andaluz, la ampliación de supuestos de exenciones de pago que incluye la modificación normativa es claramente insuficiente. Por un lado, no suprime tasas en el orden social que pueden afectar a personas y colectivos muy vulnerables, especialmente en el contexto de la actual crisis económica.

"Aunque limitadas a los recursos de suplicación y casación, estas tasas son especialmente atentatorias contra los principios constitucionales, ya que aumenta la desigualdad entre las partes, discrimina a los trabajadores en la defensa de sus derechos y eliminan el ordenamiento compensador de la superioridad del empresario en estos litigios", enjuicia la Junta.

Tampoco en el caso de los funcionarios públicos se han suprimido las tasas para la interposición de recursos de apelación y casación, sino que se han reducido sólo sus cuantías a través de una exención del 60%. Ello mantiene la posición prominente de la Administración, que además no paga en estos procedimientos.

Por otra parte, la modificación normativa no reduce la cantidad fija que se establece para cada clase de proceso, salvo en el recurso contencioso-administrativo contra la resoluciones sancionadoras pecuniarias, en las que se establece el pago de hasta un 50% del importe impuesto y se mantienen, por tanto, los efectos gravosos para las personas recurrentes, prosigue la Junta.

En la parte variable de la tasa, la reforma tampoco tiene en cuenta la distinta capacidad económica de las personas jurídicas y físicas. Para las primeras siguen valiendo la escala y tipos que antes se aplicaban sin distinción a ambas, mientras que el caso de las personas físicas se establece la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10%, con el límite de 2.000 euros.

A juicio del Gobierno andaluz, esto supone en la práctica el mantenimiento de la generalización del pago y el consiguiente efecto disuasorio incompatible con la tutela judicial efectiva, una circunstancia que el propio Ejecutivo central reconoce al asegurar que la reforma de la ley afecta tan sólo al 5% de la recaudación total prevista a través de estas tasas.

COPAGO JUDICIAL

En su acuerdo de autorización, el Consejo de Gobierno concluye que el Real Decreto Ley no subsana los defectos de constitucionalidad ya denunciados por la Junta en su anterior recurso contra la Ley 10/2012. Señaladamente, las exenciones introducidas "siguen sin garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la Justicia, mantienen las elevadas cuantías en la parte fija de la tasa e ignoran la capacidad económica de las personas en la variable", según argumenta la Junta.

Al igual que ya hiciera en el anterior recurso, el Gobierno andaluz subraya que el ‘copago judicial’ "obstaculiza en el ejercicio de sus derechos a un amplio segmento de la población con rentas medias, que siguen excluidas de los supuestos de exención al igual que las pequeñas y medianas empresas.

"Ello supone la consagración de una justicia para ciudadanos con escasos recursos (beneficiados por las exenciones que recoge la ley) y otra para ciudadanos con rentas elevadas (sobre quienes el pago no supone efecto disuasorio alguno), que deja al resto en una situación muy desfavorable a la hora de ejercer sus derechos e intereses legítimos", señala.

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