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Economía

El Cermi plantea medidas para una especial protección a personas con discapacidad en los procesos de desahucio

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 23 de abril de 2013, 12:04 h (CET)
MADRID, 23 (SERVIMEDIA)



El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha remitido al Senado una serie de enmiendas a la proposición de Ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, con el objetivo de ofrecer a las personas con discapacidad y sus familias una "especial" protección en los procesos de desahucio de viviendas y alojamientos, ante su singular situación.

Para el Cermi, estas medidas deben comprender no sólo las situaciones individuales (viviendas unipersonales o unifamiliares), sino también los casos de viviendas o alojamientos colectivos de personas con discapacidad, como pisos de apoyo o para la vida independiente, de los que son titulares organizaciones sin ánimo de lucro del Tercer Sector de la discapacidad.

Así, por una parte, plantea que, en relación a estas viviendas y alojamientos de los colectivos de personas con discapacidad, se tenga en cuenta a las entidades sin ánimo de lucro de Tercer Sector de la discapacidad titulares de los mismos, con el objetivo de extender a estos casos el ámbito subjetivo de aplicación de la suspensión de los lanzamientos judiciales.

Asimismo, el Cermi propone rebajar para las personas con discapacidad el porcentaje que la cuota hipotecaria tiene en relación con los ingresos, que se sitúa por encima del 50% de los ingresos netos que percibe el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

En este sentido, plantea que dicho porcentaje sea del 40% cuando alguno de los miembros de la unidad familiar sea una persona con discapacidad; y del 30% en el supuesto en que alguno sea una persona con discapacidad con parálisis cerebral, persona con enfermedad mental o persona con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado igual o superior al 65%, así como en casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

Por otra parte, otra de las propuestas que solicita es un certificado que acredite el grado de discapacidad o la invalidez reconocida por el organismo competente; al mismo tiempo que encomienda al Gobierno la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito y propone recoger como criterio para conceder su arrendamiento no sólo los ingresos, sino también la situación de discapacidad de alguno de los miembros de la unidad familiar.

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