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Madrid. El PSM dice que Ruiz-Gallardón “se ha puesto de rodillas ante el altar de Rouco Varela”

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 19 de abril de 2013, 15:56 h (CET)
MADRID, 19 (SERVIMEDIA)



La secretaria de Igualdad del PSM y diputada de la Asamblea de Madrid, Carmen Toledano, afirmó hoy que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, “se ha puesto de rodillas ante el altar de Rouco Varela”, al asumir las peticiones de los sectores más conservadores, incluida la Conferencia Episcopal, para modificar la actual Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“Desde el PSM nos mostramos radicalmente en contra de modificar la actual ley, dado que la propuesta que están preparando no sólo plantea una limitación constitucional al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sino que además supone la negación a las mujeres del derecho a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad”, explicó.

Dijo que “la verdadera razón de la futura modificación es la eliminación del derecho a decidir de las mujeres libre y responsablemente sobre su maternidad, porque a la jerarquía católica nunca le han preocupado las mujeres, sus vidas y mucho menos sus derechos, porque los han negado a lo largo de la historia y los siguen negando en la actualidad”.

Consideró que “una sociedad democrática como la nuestra no puede funcionar al dictado de los postulados morales de una religión determinada” y señaló que “lo que pretende Ruiz-Gallardón es la vuelta al circuito clandestino, como en los años más negros de nuestro pasado, en los que las mujeres con capacidad económica que querían interrumpir su embarazo se marchaban a Inglaterra a que les practicaran dicha interrupción, mientras que las mujeres con escasos o nulos recursos lo hacían en la clandestinidad, con graves riesgos para su salud y su vida”.

“Esa es la defensa de la vida que plantea el PP”, dijo Toledano, quien consideró que la ley vigente es “ante todo garantista, de prevención y de seguridad, porque garantiza el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad en un plazo concreto, porque ofrece seguridad sanitaria y jurídica a las mujeres y a los profesionales y porque incide de manera clara en la prevención, aspecto clave para la reducción de los embarazos no deseados y por tanto en la reducción de las intervenciones voluntarias”.

Señaló que la citada ley se aprobó con un “amplio consenso social, teniendo en cuenta los informes y estudios de los diferentes sectores profesionales implicados, del Consejo de Estado, de las sociedades médicas, de las diferentes entidades relacionadas con la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, a través de un amplio proceso parlamentario e institucional”.

“Esto dio como resultado la garantía constitucional de la citada ley y su aprobación en el Congreso de los Diputados por la mayoría de los grupos parlamentarios, al objeto de dar una adecuada respuesta legal a una necesidad social real”, concluyó.



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