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Sociedad

El Cermi afirma que los receptores de prestaciones de la Ley de Dependencia son víctimas de una pésima gestión de las administraciones

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 11 de abril de 2013, 09:16 h (CET)
- Aclara que estas personas no cometen fraude

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)



El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha aclarado, ante las informaciones que apuntan a la recepción de fondos de procedencia estatal por parte de las comunidades autónomas para atender a personas en situación de dependencia que habrían fallecido, que "las personas y familias que reciben prestaciones de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia no cometen fraude, son víctimas de una pésima gestión de las administraciones".

El Cermi señaló en un comunicado que "no se trata de fraude o abusos cometidos por personas mayores o con discapacidad o de sus familias, beneficiarias de las prestaciones de la ley, que se habrían aprovechado indebidamente de las ayudas públicas".

Agrega que los desfases que señala el Tribunal de Cuentas en su informe entre los fondos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas y el número de personas beneficiarias realmente con vida, no son achacables a estas personas, "que no han participado en ninguna mala práctica, sino a las administraciones públicas que intervienen en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia".

Por ello, el Cermi afirma que la responsabilidad es de las administraciones "y de las graves deficiencias que en materia de información y seguimiento del despliegue de la ley ha padecido esta desde el comienzo de su aplicación".

El Comité concluye señalando que, como representante de la discapacidad organizada, se rebela "contra la idea de que la opinión pública se quede con la impresión de que las personas que reciben prestaciones de la ley comenten fraude generalizado, cuando son víctimas inocentes de la pésima y hasta caótica gestión con la que las distintas administraciones han desarrollado este sistema de protección social, que ha supuesto una enorme decepción para las legítimas expectativas de contar con apoyos públicos suficientes para atender necesidades básicas de autonomía personal".

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