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Saénz de Santamaría, sobre el déficit público: "No es momento de repartir culpas ni poner excusas"

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 28 de febrero de 2012, 12:21 h (CET)
- Desvela que el Estado tiene edificios "sin utilizar" en el centro de Madrid por valor de 500 millones de euros

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)



La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este martes que "no es el momento de repartir culpas ni poner excusas" sobre la tasa de déficit del 8,51% con la que España cerró el año 2011, ya que ahora sólo cabe "aprender lecciones del pasado" y poner soluciones entre todos.

Sáenz de Santamaría compareció en la Comisión Constitucional del Senado para dar cuenta de los planes del Ejecutivo para el inicio de esta legislatura y hacer balance de las reformas que ya ha puesto en marcha en los dos meses que lleva de mandato.

Nada más empezar, se refirió al problema de déficit público y a la delicada situación económica que atraviesa el país: "España afronta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, estamos ante un momento histórico. Este se está convirtiendo en uno de los mayores y más cruciales de todos ellos".

Sáenz de Santamaría advirtió de que "de lo que hagamos estos primeros días depende el presente y el futuro de muchos españoles" y, por eso, insistió en la necesidad de reducir el gasto público para cumplir con el objetivo de déficit del 4,4% que España tiene fijado por la Unión Europea para el año 2012.

La vicepresidenta reconoció que la tasa de déficit del 8,51% representa "dos puntos y media por encima del objetivo comprometido" para el año 2011, que estaba fijado entonces para un máximo del 6%. Ante semejante "desfase", indicó que se podría "imputar responsabilidades" a otros, pero "no es el momento de repartir culpas ni poner excusas".

ORIGEN EN ZAPATERO

Sáenz de Santamaría hizo un llamamiento a "aprender las lecciones del pasado" y poner remedio entre todas las administraciones públicas para que España reduzca el déficit en 2012. No obstante, señaló como el origen del problema a la reforma que el Gobierno de Zapatero hizo en 2006 para rebajar el control sobre el déficit y que ahora se ha demostrado "no fue una buena decisión".

En nombre del Gobierno de España, recalcó que ahora "tenemos la obligación de reducir el déficit y esto no es un tecnicismo burocrático". "No podemos permitirnos otra cosa", añadió ante los niveles de deuda de España y el gasto que le supone todos los meses refinanciar los créditos comprometidos.

Advirtió de que "si siguiéramos pidiendo sin límite, algun día podrían dejar de prestarnos" y eso supondría un mayor problema para el conjunto del país. Con esa amenaza de fondo, defendió la Ley de Estabilidad Presupuestaria redactada en el mes de enero y que, según confirmó, verá luz verde definitiva en el Consejo de Ministros de este viernes para su remisión a las Cortes Generales.

REDUCCIÓN DE ORGANISMOS

Sáenz de Santamaría apostó por el ahorro en el conjunto de las administraciones públicas como una "forma de honestidad" en estos tiempos de crisis económica. Así justificó el plan del Gobierno para "reducir, fusionar y eliminar entidades" públicas.

Detalló que el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de la Presidencia están trabajando juntos en un "estudio de reducción del 20% de entidades en un primer paso", al que luego podría seguir otro segundo paso para acabar con más organismos considerados innecesarios.

En ese fin de ahorrar situó también la revisión de los sueldos de los directivos de empresas públicas en un 30%, dado que juzga "injustificable" que algunos responsables públicos cobren sueldos superiores a los 250.000 euros en línea al sector privado.

La vicepresidenta también denunció que el Estado debe optimizar el gasto en edificios públicos, dado que actualmente cuenta con un total de 55.000. A modo de ejemplo, explicó que actualmente se gasta unos 100 millones de euros en alquileres cuando sólo en el núcleo urbano de Madrid (dentro de la circunvalación de la M-30) dispone de un patrimonio en edificios por valor de unos 500 millones de euros que actualmente se encuentran "sin utilizar".

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