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ETA. Jiménez Becerril dice que la amenaza de muerte que recibió le hizo temer por su seguridad y la de su familia

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 24 de febrero de 2012, 12:55 h (CET)
MADRID, 24 (SERVIMEDIA)



La eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA en 1998, explicó hoy en la Audiencia Nacional que la amenaza de muerte que recibió por Internet en junio de 2009 le hizo temer por su seguridad y la de su familia. “Para nosotros llueve sobre mojado, en mi casa eso está a flor de piel”, dijo.



Jiménez Becerril hizo estas afirmaciones en su declaración como testigo en el juicio que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando contra Joseba Andoni Ullibarri, acusado de dejar un mensaje en la página de Internet de la eurodiputada el 29 de junio de 2010 en el que decía: "A ver si con un poco de suerte te pegan un tiro antes de la tregua definitiva y así te reúnes con los tuyos, so zorra, un besito".

La miembro del PP explicó que fue a la mañana siguiente, a su llegada a la sede en Bruselas del Parlamento Europeo, cuando su asistente, que tiene acceso a sus cuentas de Internet, le comunicó “muy asustado” el contenido del mensaje que había recibido.

Jiménez Becerril señaló que precisamente ese día había acudido con su hija pequeña al Parlamento. “Logre dejarla fuera, no quería que tuviera miedo, mi asistente tenía miedo y yo me puse nerviosa, nosotros desde que pasó lo de mi hermano tratamos de proteger a los niños”, dijo. La hermana del concejal de Sevilla asesinado por ETA explicó que el caso fue derivado a la policía antiterrorista belga.

RESPETO POR LAS VÍCTIMAS

El acusado, en la declaración que prestó ante el tribunal este jueves, negó los hechos y dijo sentir “respeto” por la hermana del concejal Alberto Jiménez Becerril. “Jamás se me ocurriría ofender a una persona como Jiménez Becerril, que ha tenido la desgracia de perder a unos familiares”, señaló.

El fiscal encargado del caso, Miguel Ángel Carballo, pidió a la Audiencia Nacional que condene a Ullibarri a un año y medio de prisión y que le imponga la prohibición de comunicarse o acercarse a Jiménez Becerril por un periodo de cinco años al atribuirles un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. La asociación Voces Contra el Terrorismo, personada en la causa como acusación, solicitó por su parte una pena de dos años de prisión, así como que Ullibarri indemnice a Jiménez Becerril con 6.000 euros.

En su informe final, el fiscal Carballo destacó “la cobardía del acto”, ya que el acusado “no se atrevió ni siquiera a hacer una amenaza, sino que expresó más bien el deseo de que actuarán otros”.

El representante del Ministerio Público sostiene que Ullibarri atacó a Jiménez Becerril después de que la eurodiputada expresara públicamente su oposición a que se financiara con fondos públicos de la Junta de Andalucía el tratamiento de fertilización de la exmiembro del "comando Barcelona" de ETA Nerea Bengoa, presa en la cárcel de Córdoba. El acusado reconoció que es amigo de Bengoa “desde hace 25 años” y que le visita habitualmente en prisión. También señaló que la propia etarra le había comentado su intención de someterse a un tratamiento para la inseminación in vitro.

ÚLTIMA PALABRA

Ullibarri utilizó el turno de última palabra para decir que no puede “aceptar la responsabilidad” por algo que él no ha hecho. Apuntó en este sentido a la posibilidad de que alguien “abusara” de su confianza y enviará desde su casa el mensaje amenazante.

El acusado también expresó su “reproche” a “una acción de estas características”.

Aún así, quiso protestar por “la desproporción” entre los hechos que se le imputan y “la manera en la que se produjo” su detención. “Es una exageración que se nos aplicase la ley antiterrorista, que se nos incomunicase y que estuviésemos encapuchados, si llegó a estar un día más detenido hubiese venido con una declaración autoinculpatoria, a lo mejor es lo que hubiese deseado algún miembro de esta sala”, dijo.

El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, cortó por lo sano la intervención del acusado. “No le se permite acusar a la policía de tortura ni decir lo que este tribunal desea o no”, señaló antes de decretar el visto para sentencia.

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