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Sociedad

El Congreso debatirá prohibir pagos de las televisiones a determinados condenados y familiares

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 21 de febrero de 2012, 13:40 h (CET)
- Proposición no de ley de Coalición Canaria

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)



La Comisión Constitucional del Congreso debatirá una proposición no ley de Coalición Canaria (CC) que insta al Gobierno a prohibir que las televisiones puedan pagar a condenados por la justicia con sanciones económicas pendientes, ni tampoco a los familiares o allegados de éstos.

La iniciativa, registrada en la Cámara Baja, también propone estudiar que esta prohibición se extienda igualmente a las personas imputadas en delitos o condenados sin penalización económica pendiente, que no podrían recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos con los que se les relaciona.

La diputada de CC Ana María Oramas señala en la exposición de motivos que "la controversia que siempre han generado" los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares "se ha multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes que han contribuido a subrayar la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello".

Oramas se refiere en concreto a los pagos realizados por cadenas a "delincuentes convictos" como el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, de 350.000 y 500.000 euros, respectivamente; la entrevista al asesino de Sandra Palo, "El Rafita", y otra a la madre de "El Cuco", condenado por la muerte de Marta del Castillo.

Para los nacionalistas canarios, no se puede consentir que "medios televisivos que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado vengan a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas".

CC pide al Ejecutivo que haga realidad la "ilegalización" de esos pagos a determinados reos y allegados a través de la modificación de la Ley de Televisión Privada y de la Ley de RTVE.

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