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Nacional

Garzón. “No tengo afán de venganza, tengo derecho a saber quién y por qué”, afirma la nieta de una víctima

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 6 de febrero de 2012, 12:10 h (CET)
MADRID, 06 (SERVIMEDIA)



La nieta de un asesinado en la Guerra Civil explicó este lunes ante el Tribunal Supremo que decidió acudir a la Audiencia Nacional en busca de la justicia que no encontraba en los juzgados territoriales. “No tengo afán de venganza, tengo derecho a saber quién y por qué”, dijo Olga Alcega, cuyo abuelo fue asesinado en septiembre de 1936.



La testigo, de la Asociación Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra, hizo esta afirmación en su comparecencia como testigo en el juicio que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal está celebrando contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación que habría presuntamente cometido con la investigación que llevó a cabo sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Alcega denunció en el juicio la falta de voluntad de las administraciones a la hora de ayudar en las tareas de búsqueda de las fosas comunes de la Guerra Civil. Explicó en este sentido que en Navarra, donde se calcula que hay 3.452 desaparecidos, ningún juzgado ha querido nunca abrir una causa para iniciar la búsqueda de los represaliados.

Tras estas vicisitudes, en el año 2008, en la asociación tuvieron conocimiento de que otras agrupaciones de memoria histórica habían presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional, y decidieron sumarse a ella.

“Queremos justicia, ha habido 75 años de olvido, la sociedad y la Administración ha mirado para otro lado, a la justicia nunca le ha interesado”, dijo la testigo.

APERTURA DE LA FOSA COMÚN

Alcega explicó que su abuelo, cartero de profesión, fue secuestrado por la Guardia Civil el 2 de septiembre de 1936, cuando se encontraba con las vacas. Tras torturarle, le llevaron al cementerio de Magallón, en la provincia de Zaragoza, donde “le pegaron un tiro en la cabeza”.

La testigo dijo que, durante 75 años, ni su abuela ha sido viuda ni su padre ha sido huérfano, ya que técnicamente su abuelo seguía “desaparecido”.

Finalmente, el 16 de marzo de 2011 el cuerpo de su abuelo fue identificado en una fosa común de Magallón junto con otros 80 represaliados.

TESTIGO DE LOS ASESINATOS

El segundo testigo que compareció este lunes ante el tribunal que está juzgando a Garzón, Rafael Espino, de la Asociación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba), explicó que acudieron a la Audiencia Nacional “solicitando el auxilio de la justicia para encontrar” a las 111 personas desaparecidas en su localidad.

Su asociación decidió en septiembre de 2008 presentar una denuncia en la Audiencia porque consiguieron el testimonio de una persona de 97 años que “presenció cómo se produjeron los asesinatos”, por lo que pudieron localizar una de las fosas comunes.

Espino, que tiene siete familiares desaparecidos, entre ellos un abuelo y un bisabuelo que fue alcalde socialista de Aguilar de la Frontera durante la República, señaló que el juzgado de la localidad nunca les ha prestado ayuda y ni siquiera “ha permitido que se registrase la muerte de una persona desaparecida en la Guerra Civil”.

DESAPARICIONES FORZADAS

El presidente de la Asociació per la Recuperació de la Memoria Histórica de Catalunya, Manuel Perona, aseguró también que, antes de acudir a la Audiencia Nacional, ningún juzgado les prestó auxilio judicial para encontrar a los cerca de 1.900 desaparecidos que se calcula que hubo en esta comunidad autónoma.

La denuncia que presentó la asociación se refería entre otros a ocho desaparecidos en Manresa (Barcelona), uno de los cuales era su abuelo. Las investigaciones llevadas a cabo por la asociación les permitieron determinar que los ocho desaparecidos fueron sacados por la Guardia Civil de la cárcel de Manresa “y en el viaje hacia Barcelona desaparecieron”. “Consideramos que es una desaparición forzada sin dar razón del paradero, lo que no puede prescribir”, afirmó.

VALLE DE LOS CAÍDOS

El último testigo, Pedro Fausto Canales, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por la desaparición de diez personas de la localidad de Pajares de Adaja (Ávila).

“Queríamos que se reconociera en sede judicial la desaparición forzada de las diez personas que fueron secuestradas en el verano de 1936 y de los que todavía no se ha podido recuperar sus cuerpos”, señaló.

Explicó que, en la noche del 20 de agosto de 1936, “un grupo de falangistas recaló en el pueblo y, con la ayuda de personas afines, penetraron en siete domicilios”. Una de estas viviendas era la de su padre, que fue sacado de la cama cuando él tan sólo tenía dos años. Su padre, junto con el resto de secuestrados, fue fusilado en los aledaños de la localidad de Aldeaseca.

Canales señaló además que, el 23 de marzo de 1959, se hizo una exhumación sin consentimiento de los familiares en la fosa común en la que se encontraba su padre y “se llevaron los restos al Valle de los Caídos”, un monumento que fue inaugurado unas semanas más tarde.

“Se supone que hay restos de siete personas en la caja 198, hemos intentado recuperar los restos por la vía administrativa pero ha sido imposible”, dijo el testigo antes de explicar que “si en sede judicial se dictamina la verdad, se investiga y se hace justicia, nosotros nos sentiremos reparados”.

ÚLTIMOS TESTIGOS

Las comparecencia en el juicio contra Garzón finalizarán este martes con la declaración de otros tres testigos. Tras estas diligencias, se dará paso a la prueba documental y, posteriormente, a los informes de las partes y al turno de último palabra del acusado, por lo que el caso podría quedar visto para sentencia este mismo martes.

La acusación ejercida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad pide al Supremo que condene a Garzón a 20 años de inhabilitación y le imponga una multa de 21.600 euros, al atribuirle un delito continuado de prevaricación.

La Fiscalía, al igual que en el resto de causas abiertas en el Supremo contra Garzón, no ejerce la acusación al considerar que el juez suspendido no cometió delito alguno.

 
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