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Nacional

Garzón. Un historiador asegura en el Supremo que el franquismo llevó a cabo un “genocidio sistemático”

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 1 de febrero de 2012, 13:30 h (CET)
- Dice que el Gobierno de Felipe González paralizó la recuperación de los cuerpos

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)



El historiador Ángel Rodríguez Gallardo aseguró este miércoles en el Tribunal Supremo que las fuerzas del franquismo elaboraron “un plan sistemático para eliminar a los representantes legítimos del Gobierno de la Segunda República” y llevaron a cabo “actos de genocidio” a partir de la insurrección del año 1936.



Rodríguez Gallardo hizo esta afirmación en su comparecencia como testigo en el juicio que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal está celebrando contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación que habría presuntamente cometido con la investigación que llevó a cabo sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

El testigo, investigador y miembro de la Asociación de la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), aseguró que el bando nacional comenzó a preparar “un plan sistemático de eliminación” de los representantes de la Segunda República y de “las fuerzas que defendieron al Gobierno legítimo” desde un año antes de que se iniciase la Guerra Civil.

Tras la insurrección, los nacionales aplicaron este plan en la contienda bélica, llevando a cabo “actos claramente de genocidio”. “Fue una cosa terrorífica”, aseguró el investigador, que lleva años recopilando datos sobre desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura para trazar una panorámica de la represión franquista.

Rodríguez Gallardo explicó que, en diciembre de 2006, su asociación decidió acudir a la Audiencia Nacional para “intentar saber cómo fue el proceso de represión”, “conocer exactamente cómo se habían producido las muertes y dónde estaban esas personas” y “poder reparar” a las víctimas. Aseguró en este sentido que la denuncia se presentó ante la Audiencia Nacional y no ante el juzgado de Garzón, al que correspondió la causa “por reparto”.

FALTA DE COLABORACIÓN

La asociación decidió acudir a la justicia ante la imposibilidad de encontrar los datos necesarios para acabar su investigación, ya que organismos como la Guardia Civil o el Ejército “todavía no se han convencido de que deben entregar a la sociedad civil los archivos secretos del Estado, todos los datos que permitan reconstruir el plan represivo”. “Esto sólo se puede hacer desde una investigación judicial”, dijo.

Rodríguez Gallardo explicó que, antes de acudir a la Audiencia Nacional, la asociación presentó una denuncia en los juzgados de Porriño (Pontevedra), donde habían localizado una fosa común. La denuncia fue finalmente derivada a la Audiencia Provincial de Pontevedra en un proceso que sigue abierto y en el que siguen “esperando una respuesta”.

EL GOBIERNO DE GONZÁLEZ

El testigo explicó que, a partir del año 1977, se creó una “especia de comisión de la verdad” y se inició un proceso de investigación sobre los crímenes del franquismo y los desaparecidos”. De hecho, ese año se llevó a cabo la “primera exhumación de una fosa con desaparecidos del franquismo”, en La Solana (Ciudad Real).

“Lo normal es que los represaliados del franquismo hubiesen podido entonces recuperar los cuerpos de sus familiares, ese era el momento”, dijo antes de asegurar que este proceso se vio truncado por el golpe de Estado del 23-F.

Rodríguez Gallardo afirmó que, tras este suceso, el Gobierno de Felipe González “decidió paralizar el proceso de recuperación de la memoria”. El historiador aseguró asimismo que los verdaderos avances no se produjeron hasta después de que, en el año 1999, el Ejército abriera sus archivos.

Rodríguez Gallardo es uno de los 22 testigos que están llamados a declarar en el juicio. De ellos, 20 son miembros de las diferentes plataformas para la recuperación de la memoria histórica que existen en España.

También testificarán los abogados Fernando Maman y Joan Garcés, impulsores de una de las demandas que llevaron a Garzón a abrir una investigación por los crímenes de la dictadura de Franco.

La acusación ejercida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad pide al Supremo que condene a Garzón a 20 años de inhabilitación y le imponga una multa de 21.600 euros, al atribuirle un delito continuado de prevaricación.

La Fiscalía, al igual que en el resto de causas abiertas en el Supremo contra Garzón, no ejerce la acusación al considerar que el juez suspendido no cometió delito alguno.

 
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