El gobierno cambiará la ley en 2011 para fomentar el acogimiento familiar de menores
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jueves, 18 de noviembre de 2010, 18:21 h (CET)
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- Argumenta que España está a la cabeza de Europa en el número de niños institucionalizados
MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Gobierno quiere que España deje de estar a la cabeza de Europa en cuanto a menores institucionalizados y para ello se propone introducir cambios en 2011 en la adopción nacional, para que se potencie el acogimiento familiar de los niños que viven en instituciones.
Así lo anunció en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados la ministra del ramo, Leire Pajín, quien pasó por esta Cámara para dar cuenta de las actuaciones que llevará a cabo su departamento en esta nueva etapa.
"Hay un dato que nos ha llevado a reflexionar y es que España se encuentra en cabeza de Europa en el número de menores institucionalizados", afirmó Pajín.
Para la ministra, la familia es el ambiente más favorable para el desarrollo de estos menores y por eso entiende que mejorar esta situación requiere de "medidas contundentes y comprometidas".
Por eso, explicó, la idea es acometer en 2011 una modificación de la normativa estatal vigente en materia de protección a la infancia, para adaptarla a las características de los menores en dificultad social.
Los cambios normativos que se proponen están, pues, en la adopción nacional y en el acogimiento familiar y residencial y su finalidad es fomentar el acogimiento familiar "para evitar en todo lo posible la estancia de menores en centros insstitucionalizados", incidió la titular de Política Social.
La ministra señaló que estas modificaciones se realizarán sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de la "Comisión del Senado para el estudio de la adopción nacional y temas afines", aprobada recientemente en la Cámara Alta.
También en el ámbito de los menores, Pajín indicó que el Ejecutivo tiene "muy avanzado" el III Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y de la Adolescencia, pues se trata de "un problema social grave que requiere de toda la atención y vigilancia por parte de los poderes públicos".
Este proyecto, concluyó la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad, es también un "complemento importante" al plan integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual.
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