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La Comunidad de Madrid destina 875.000 euros a apoyar la actividad de las pymes industriales de la región

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 14 de octubre de 2020, 14:29 h (CET)

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)


El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles un gasto conjunto plurianual de 875.000 euros para la convocatoria de dos líneas de ayudas de concesión directa destinadas a mejorar y promocionar la actividad de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial de la región.


El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, señaló que la primera de estas ayudas, dotada con 675.000 euros, tiene como objetivo la promoción industrial en los municipios de menos de 2.500 habitantes de la Comunidad de Madrid para facilitar el arraigo poblacional en localidades rurales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes a la vez que se apoya el sector industrial.


Estas subvenciones se incluyen tanto en la Estrategia para la Revitalización de los Municipios rurales de la Comunidad de Madrid como en el Plan Industrial 2020-2025.


Así, las empresas y empresarios autónomos que desarrollen su actividad en estas localidades podrán obtener una subvención para adquirir terrenos para construir naves industriales, reforma de locales o adquisición y montaje de maquinaria y equipamiento, entre otras actuaciones.


La cuantía de la ayuda asciende al 40% de la inversión realizada, un porcentaje que se incrementará hasta el 50% en el caso de actividades industriales dedicadas en exclusiva al tratamiento de recursos renovables para la generación de energía. En ambos casos el límite máximo de la ayuda será de 50.000 euros por actuación y beneficiario.


Por otra parte, se destinarán 200.000 euros para conceder ayudas directas a las pymes del sector industrial en la implantación de sistemas de gestión en sus centros de trabajo. La cuantía de esta subvención es del 30% de la inversión destinada a implantar sistemas certificados de gestión de calidad, gestión energética, auditoría ambiental o seguridad y salud en el trabajo, con un límite de 10.000 euros por sistema de gestión y beneficiario.


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