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Economía
    

El Gobierno prohibirá las amnistías fiscales, reducirá a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales y aumentará el control a las criptomonedas

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 13 de octubre de 2020, 14:58 h (CET)

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)


El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley de medidas de prevención de lucha contra la elusión fiscal, según anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.


Montero, quien recordó que el anteproyecto servirá también para trasponer una directiva europea, destacó que “la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad” para el Ejecutivo porque “no hay justicia social si algunos pretenden eludir sus responsabilidades”, generando “competencia desleal” y “un deterioro” para las arcas públicas que, añadió, es más grave en estos momentos de pandemia.


Así, la ministra indicó que el proyecto de ley busca intensificar la labor que viene haciendo la Agencia Tributaria, que el año pasado consiguió ingresar 15.715 millones de euros, un 4,1% más respecto al ejercicio anterior, gracias a esta lucha contra la elusión fiscal.


Entre otras cuestiones, Montero explicó que el proyecto de ley contempla prohibir los softwares de doble uso que las grandes compañías; limitar los pagos con efectivo; actualizar la lista de paraísos fiscales y sus criterios; además prohíbe las amnistías fiscales, y amplía la lista de deudores con la Agencia Tributaria. Según apuntó la ministra de Hacienda, la previsión es que las medidas incluidas en este proyecto de ley permitirían ingresar 800 millones de euros adicionales en un año.


MEDIDAS


Respecto a los softwares de doble uso, la ministra señaló que son programas informáticos utilizados por las grandes compañías para manipular la contabilidad y apuntó que en los últimos cinco años se han regularizado más de 1.500 millones de actuaciones contra este tipo de softwares. En concreto, el proyecto obliga a que los sistemas informáticos de los procesos contables se ajusten a criterios que garanticen accesibilidad a los registros y trazabilidad, además de habilitar la posibilidad de someter los sistemas a certificación y establecer un régimen de sanción para quienes fabrican los sistemas o quienes lo tienen sin la debida certificación.


Sobre las criptomonedas, Montero explicó que el objetivo es tener información sobre la tenencia y las operaciones que se realizan con ellas, tanto en territorio nacional como operaciones fuera de España de contribuyentes españoles. Así, habrá obligación de informar sobre saldos y titulares de estas monedas, así como sobre las operaciones, ya sean adquisiciones, transmisiones, cobros o pagos.


En tercer lugar, el proyecto contempla la limitación de los pagos en efectivo para determinadas actividades, reduciéndolo de los actuales 1.500 euros a 1.000 euros en operaciones entre profesionales o empresarios, mientras que para particulares el límite es de 2.500 euros. A este respecto, Montero señaló que el objetivo del Gobierno es ir reduciendo de forma progresiva estas cuantías para que, de manera paulatina, los pagos en efectivo bajen “a su mínima expresión”, con el objetivo de combatir la economía sumergida. Además, se reduce de 15.000 a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal fuera de España.


Sobre los paraísos fiscales, la titular de Hacienda indicó que el proyecto actualiza y amplía este concepto en línea con los criterios de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de forma que territorios con baja o nula tributación se incorporarán como jurisdicciones no cooperantes, añadiendo a la lista de paraísos fiscales a aquellos países que no realicen el intercambio de información efectivo con España.


Además, el proyecto amplía la lista de deudores tributarios, rebajando del millón de euros a 600.000 euros el umbral para que una persona sea añadida a la lista, y se incorporará como deudores principales a los responsables solidarios.


Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley deberá seguir la habitual tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y el Senado, donde el proyecto podría sufrir cambios, por lo que, en caso de ser aprobado por la mayoría de ambas cámaras, tardará aún varios meses en entrar en vigor.


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