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Economía
    

La CEOE alerta de que suprimir la exención del IVA a la sanidad y educación privada “podría tener un efecto económico contrario al deseado”

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 2 de octubre de 2020, 17:07 h (CET)

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)


La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) avisó este viernes de que eliminar la exención del IVA aplicable a los servicios de atención hospitalarios y educativos cuando los presta una entidad privada “atenta contra el derecho fundamental a la libertad de elección de los ciudadanos” y “podría tener un efecto económico contrario al deseado”.


La patronal se alinea así con la preocupación expresada por los sectores de sanidad y educación ante la posibilidad de que la próxima Ley de Presupuestos Generales suprima dicha exención y el Gobierno implante un IVA del 21% para dichos servicios.


CEOE entiende que esta medida “tendría escasa eficacia recaudatoria, ya que incidiría muy negativamente en la demanda de servicios de sanidad y educación privados por parte de los consumidores”, sobre todo “en un entorno de recesión económica como el actual; y llevaría a una segura destrucción de empresas y empleo”.


“Esto podría tener un efecto económico contrario al deseado”, alerta además la patronal, apoyándose en el informe ‘Evaluación del Gasto Público 2019’ elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), donde estima que el incremento de recaudación derivado de eliminar la exención de IVA “sería inferior al coste para el sector público de la necesidad de prestar esos mismos servicios a aquellos individuos que abandonasen el sistema privado a raíz de esta modificación”.


“Además, los empresarios españoles consideramos que hay razones para rechazar este cambio fiscal, ya que dificulta la participación del ámbito privado en estos sectores, que está demostrado que permite mejoras en coste, calidad y eficiencia”, agrega la CEOE.


Por último y en contra de esa media subraya que la propia la AIReF reconoce que ambas exenciones, “de carácter social y que tienen el objetivo de abaratar el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales”, se “encuentran generalizadas en los países de la UE, sin excepciones en sanidad y con muy escasas excepciones en educación”.


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