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MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este martes con 152 votos a favor, 174 en contra y 19 abstenciones admitir a trámite una proposición de Ciudadanos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que los jueces volvieran a elegir a 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); entre los grandes grupos, sólo la apoyaron el PP y Vox, insuficientes para contrarrestar a PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts y PNV.
La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, defendió su propuesta como una forma de despolitizar el sistema de elección del CGPJ, asegurando que abogan por ello todos los ciudadanos y que supondría recuperar el espíritu de la Transición. Entonces, rememoró, 12 de sus miembros eran nombrados a propuesta de los jueces, un procedimiento modificado por la reforma de 1985 que dio lugar al “reparto muchas veces chapucero” entre los partidos, aunque el TC pidió revertirla desde el año siguiente y también el Tribunal Europeo de Justicia en relación a Polonia.
Arrimadas continuó citando al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometió en 2014 a hacer un CGPJ independiente, al igual que el programa de 2011 del PP y también Podemos en sus orígenes. “Es la hora de dejar de ver cómo se reparten los jueces por whattsapp”, remató, antes de recordar a los jueces asesinados por ETA como “faro para la democracia”.
En nombre del PSOE, Isaura Leal calificó de “vetustas” las razones que esgrimía la propuesta de Cs y defendió que la independencia judicial no se cuestiona por el hecho de que los vocales del CGPJ. También criticó que se eleve de 15 a 20 años el requisito para jueces de libre designación en su entrada al CGPJ y que al impedir el paso de jueces a la política estuviera restringiendo los derechos de aquéllos.
Argumentó que el poder judicial no se concentra en un sólo órgano, sino que se bifurca en cada uno de los jueces, y al PP le pidió que no proclame la Constitución, sino que se limite a cumplirla, y que no ponga las instituciones a su servicio; dos alusiones obvias a que los populares se nieguen a renovar el CGPJ.
PP, VOX, UNIDAS PODEMOS
Desde el PP, Edurne Uriarte avanzó el voto a favor de su grupo por coincidir con sus propuestas, si bien apuntó que el sistema actual es plenamente constitucional y reprochó a Arrimadas que comprara la tesis del PSOE sobre la actitud del PP hacia la justicia.
Seguidamente criticó que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y otros ministros de Unidas Podemos, presumieran de “compromiso constitucional” siendo comunistas, y que los dos partidos en el Gobierno también lo profesen mientras pactan con EH Bildu sin haber condenado los atentados de ETA, y estén negociando supuestamente la amnistía y la sedición en la mesa de diálogo.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, comenzó censurando el célebre “Montesquieu ha muerto” del exvicepresidente del Gobierno socialista Alfonso Guerra cuando en 1985 dejó que los grupos políticos eligieran la totalidad del CGPJ, y luego denunció que el PP y el PSOE han mantenido este sistema, de forma que un juez brillante “choca contra un techo de cristal” si no va de la mano de un partido que le encumbre.
Por eso, avanzó que Vox votaría en favor de la propuesta de Cs por ser coherente con sus ideas aunque querría mejorarla en su tramitación y siguió enumerando ejemplos de que el PP y el PSOE se han repartido el órgano máximo de los jueces.
Enrique Santiago, portavoz de Interior y Justicia de Unidas Podemos, recriminó al PP que no permitiera la renovación de CGPJ, alegando precisamente la presencia de la coalición de Podemos, IU y los Comunes en el Gobierno, una actitud que calificó de “sediciosa”. Sobre este tema propuso más tarde reformar la ley para eliminar el requisito de mayoría de tres quintos o impedir el nombramiento de jueces por parte de un CGPJ en funciones.
FUERA DE LA SOBERANÍA POPULAR
A Arrimadas, por su parte, le afeó que no dijera ni una sola palabra al respecto y por eso le acusó de “blanquear” a sus socios en varios gobiernos autonómicos. Y, en cuanto al contenido de la propuesta, justificó su voto en contra por apartar del nombramiento de los jueces toda relación la “soberanía popular”, puesto que las instituciones tienen que tener “la orientación política que ha decidido el pueblo español yendo a las urnas”. Así, dijo que el modelo corporativo de autoelección de los jueces “no tiene reconocimiento en ninguna Constitución democrático”.
La portavoz de Justicia de ERC, Carolina Telechea, dijo que el Poder Judicial “necesita algo más que una reforma”, al ser “heredero del franquismo” y “baluarte de los valores de un régimen muy diferente al democrático”, lo que explica a su juicio “el sesgo ideológico que impregna todos sus valores”, empezando por la “indisoluble unidad” de España.
También mencionó el presunto machismo del sistema judicial, y, por unas razones y otras, concluyó que la propuesta de Cs “no va a la raíz” del problema sino que “intenta maquillar” sus problemas “estructurales” y por tanto ERC votaría en contra.
Desde el PNV, Mikel Legarda criticó que se diera por sentado que los jueces nombrados a propuesta de los grupos parlamentarios no son independientes y adelantó su voto en contra a la propuesta por contener unos “cambios de tal trascendencia que no pueden hacerse como quien dispara en la oscuridad”, sino tras una subcomisión creada para estudiar en profundidad la situación. Negó además que los nombramientos a instancias de grupos parlamentarios no estén regidos por criterios de mérito y capacidad, además de por el de procedencia o buena gestión
BILDU, PLURAL Y MIXTO
Jon Iñarritu, en nombre de EH Bildu, dijo que reforzar la independencia judicial era algo “obvio, de libro”, pero vinculó esta necesidad, no con el Gobierno de coalición, sino con el bloqueo de la renovación del CGPJ por el PP y la mayoría conservadora en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que decidirá sobre Gürtel y las presuntas irregularidades financieras del Rey emérito.
En el mismo sentido, dijo que no hay que recuperar el espíritu de la Transición, sino “exorcizarlo”, porque los jueces franquistas “pasaron de la noche a la mañana” a ser demócratas, y luego el PP, a diferencia del PSOE, escogía magistrados jóvenes y leales, con lo que tenemos “mayoría conservadora para rato”.
Por eso, en lugar de la propuesta de Cs, defendió acabar con las puertas giratorias desde y hacia la política; primar criterios de experiencia en abogacía o fiscalía, acabar con la Audiencia Nacional. “Este parche no es la solución”, concluyó, dejando entrever que su grupo se abstendría. “No nos vamos a oponer”
Dentro del Grupo Plural, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts) reconoció a Ciudadanos que acertaba parcialmente en el diagnóstico pero le reprochó que erraba en la solución, y recomendó al Gobierno de coalición enmendar el carácter supuestamente conservador de la judicatura dando menos importancia a los exámenes memorísticos y disminuyendo la endogamia de los nombramientos. Finalmente, invitó a Arrimadas a llamar al presidente del PP, Pablo Casado, para condicionar su apoyo a gobiernos autonómicos populares a que este partido desbloquee la renovación del CGPJ.
En la misma línea, el diputado del BNG, Néstor Rego, exclamó un “vade retro” al deseo de Cs de recuperar el espíritu de la Transición y enumeró una serie de ejemplos que demostrarían el carácter conservador de la justicia española, y abogó por adaptar la administración a la supuesta plurinacionalidad de España permitiendo el uso del gallego para relacionarse con ella.
Desde el Grupo Mixto, Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) reconoció el acierto de Cs al rechazar el supuesto empeño del Gobierno de coalición de apropiarse del sistema judicial, y sólo matizó que haría falta modificar también el estatuto del Ministerio Fiscal.
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