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MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Real Sociedad Canina de España (RSCE) pidió este martes al Gobierno la puesta en marcha de una Ley de Protección y Bienestar Animal de carácter estatal que armonice el contenido de las diferentes normativas vigentes que actualmente están en proceso de renovación en distintas comunidades autónomas.
La Canina consideró en un comunicado "imprescindible" que todas las formaciones políticas acuerden la aprobación de una nueva norma que elimine duplicidades, fije de una forma concreta las penas y sanciones por maltrato animal y abandono en toda España, y permita que los "criadores caninos éticos y responsables" puedan ejercer su labor de forma legal sin encontrarse con disparidad de criterios en función de la región en la que vivan u operen.
La Dirección General de Derechos de los Animales puso en marcha a principios de año una ronda de consultas con las principales entidades dedicadas a los animales en España, en la que participó la RSCE, para dar forma a esta legislación. "A día de hoy dicha legislación está parada, precisamente cuando más urge poner coto a los abandonos, que tan solo en la desescalada aumentaron un 25%, con unos 2.000 animales abandonados", añadió la RSCE.
El presidente de la RSCE, Julián Hernández, recalcó que "los animales no entienden de territorios ni de colores políticos". "Los que los amamos y defendemos, entendemos únicamente de bienestar y de garantizar sus derechos, los cuales no pueden diferir en función de los kilómetros que haya entre un lugar y otro del país. Es importante porque de este modo nos asemejaríamos al resto de nuestros vecinos europeos, que llevan años con unas normas bien definidas en este ámbito", añadió.
Mientras tanto, diferentes comunidades autónomas trabajan para aprobar sus propias normativas o mejorarlas. Por ejemplo, Andalucía comunicó hace un mes que prepara su ley para aprobarla de forma inmediata, mientras que la Comunidad Valenciana también anunció la suya a finales de 2019.
Por su parte, Castilla-La Mancha ya aprobó su normativa el mes pasado y Aragón, Comunidad de Madrid, Galicia y La Rioja ya disponen de las suyas, a las que introducirán cambios para mejorarlas y ponerlas al día en cuanto a derechos de los animales.
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