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MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) urge al departamento dirigido por María Jesús Montero a analizar la eficiencia de los beneficios fiscales y del gasto público, después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) haya presentado esta mañana un estudio sobre esta materia en el que recomienda revisar beneficios fiscales como los aplicados a los sistemas privados de pensiones, las Sicav y los tipos reducidos de IVA, entre otros.
En un comunicado, Gestha indicó que “este análisis es ahora más necesario que nunca, sobre todo teniendo en cuenta la llegada de los fondos de recuperación europeos y las ayudas públicas aprobadas tras la crisis de la Covid-19”.
Para ello, el sindicato reclama la coordinación entre la Intervención General del Estado (IGAE) y las intervenciones de comunidades autónomas y corporaciones locales, para cumplir con la recomendación de Airef de apostar por las sinergias entre la supervisión y la evaluación de las políticas públicas.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “el esclarecedor informe de la Airef pone de manifiesto la urgencia de que el Gobierno plantee un proyecto de ley para acometer una reforma fiscal integral que acabe con los actuales problemas de equidad y suficiencia; máxime en un momento como el actual, en el que hay que aumentar la recaudación para sostener el aumento del gasto público para hacer frente a las crisis sanitaria y económica”.
Además, Gestha reclama a Hacienda que haga un cálculo más realista sobre la cuantía que alcanzan los beneficios fiscales ya que la Airef calcula que suponen unos 60.000 millones de euros, 35.000 de ellos sólo con los 13 beneficios fiscales que ha estudiado, mientras que los Presupuestos Generales de 2018 los cifraba en un total de 35.825,11 millones en la cuota estatal de todos los beneficios fiscales.
Asimismo, los técnicos señalan que “la diferencia es aún mayor", porque el informe de la Airef "no incluye otros numerosos beneficios fiscales estatales significativos, como el coste para el Tesoro que supone la exención para evitar la doble imposición en el Impuesto sobre Sociedades, cuya base asciende hasta los 467.000 millones de euros en los últimos cuatro años, entre 2015 y 2018, acaparando un 75% de la exención los grupos empresariales y multinacionales españolas”.
Por ello, Gestha propone la sustitución gradual de esta exención por una deducción para evitar la doble imposición con el importe de los impuestos realmente pagados. En este contexto, los técnicos explican que esta eventual sustitución debería ser acordada globalmente o, al menos, a nivel europeo para evitar la pérdida de competitividad de las empresas españolas con otras multinacionales europeas o mundiales que puedan seguir eludiendo impuestos.
PLANES DE PENSIONES
Por otra parte, Gestha apunta que la valoración que ha hecho la Airef de los planes privados de pensiones no incluye el coste correspondiente de las Haciendas forales en el País Vasco y Navarra, por lo que el montante total superaría los 1.643 millones de euros proyectados en el estudio.
En cualquier caso, explica que más del 41% del coste fiscal de los planes de pensiones se concentra en poco más de 400.000 contribuyentes que ingresan más de 60.000 euros (en este tramo de ingresos, siendo el 4% de los declarantes, son el 14% de los partícipes). De ellos, más de 54.000 partícipes que ingresan más de 150.000 euros (el 0,5% de los partícipes) aprovechan más del 8% del coste fiscal de los planes de pensiones.
Sobre las reducciones en el IRPF de las aportaciones a planes de pensiones, Gestha se congratula de que Airef lo considere regresivo, sumándose “a las opiniones ya expresadas por la Comisión Europea en 2013, los expertos para la reforma fiscal en 2014 y por la OCDE en el Estudio Económico de España de 2017”.
De igual modo, Gestha propone que se debata la sustitución de la reducción de la base imponible de las aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social por un sistema de reducción al tipo más bajo de la escala, de forma similar a como se calculan las cuotas de los mínimos personales y familiares, o alternativamente que el beneficio fiscal opere como una deducción en la cuota del IRPF, de igual forma a como se trasladó la reducción a la deducción de las cuotas de afiliación y las aportaciones a Partidos Políticos.
SICAV
Por otra parte, desde Gestha indicaron que el 72% de las Sicav, casi 2.000, “son sospechosas de no ser auténticas instituciones de inversión colectiva (IIC) al estar controladas por uno o varios accionistas; tal y como se desprende de la información de la CNMV”. En concreto, Gestha estima en casi 8.900 las personas con grandes fortunas que invierten en Sicav sospechosas de no ser auténticas IIC, descontando los supuestos “mariachis”, accionistas de acompañamiento legal con una insignificante participación en el capital.
Con el objetivo de evitar los abusos en las Sicav que convierten una IIC en una Institución de Inversión Privada, Gestha propone la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un límite máximo de participación en una Sicav del 5% del capital social máximo de la Sicav fijado estatutariamente, o de su compartimento.
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