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MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
Los gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas para proteger y promover la libertad de expresión y el derecho a la información durante la pandemia de Covid-19 porque muchos Estados actúan para "castigar" a periodistas y "silenciar críticas", según afirmó este viernes David Kaye, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión.
Kaye expresó su preocupación por las nuevas medidas que restringen y castigan el libre flujo de la información en algunos países, al presentar su último informe sobre la libertad de expresión y las pandemias al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según informó Naciones Unidas.
"La gente ha muerto porque los gobiernos han mentido, ocultado información, detenido periodistas, fallado al ponerse al nivel de la gente sobre la naturaleza de la amenaza y criminalizado a individuos con el pretexto de 'difundir información falsa', según Kaye.
Este experto de la ONU apuntó que "la gente ha sufrido porque algunos gobiernos prefieren protegerse de las críticas que permitir que las personas compartan información, conozcan el brote y sepan qué hacen o no los funcionarios para protegerlos".
"En los últimos tres meses, numerosos gobiernos han utilizado la pandemia de Covid-19 para reprimir la expresión en violación de sus obligaciones en virtud de las leyes de derechos humanos", indicó Kaye, quien agregó: "Desde los primeros días de la pandemia, he planteado preocupaciones sobre la represión de la expresión que tiene un impacto directo en la información de salud pública, incluidos Bielorrusia, Camboya, China, Irán, Egipto, India, Myanmar y Turquía".
CINCO DESAFÍOS
Kaye instó a los gobiernos a abordar cinco desafíos, entre ellos reforzar el acceso a la información y compartirla tanto como sea posible sobre la evolución de esta enfermedad causada por el último coronavirus y las herramientas que las personas deberían usar para protegerse a sí mismas y a sus comunidades.
Recalcó que también deben acabar con la práctica de cierres de webs e imponer otras limitaciones en el acceso a Internet y abstenerse de todos los ataques a los medios de comunicación y liberar a todos los periodistas detenidos, ya sea durante o antes de la pandemia, especialmente debido a los riesgos para la salud que afrontan.
Otro desafío es no tratar la llamada 'infodemia' (esto es, exceso de información sobre un tema) como un problema a resolver con sanciones, pues éstas limitan la disposición de las personas a compartir información valiosa y, a menudo, están sujetas a abusos. Los gobiernos deben trabajar con las empresas de redes sociales, donde se produce mucha desinformación, con el fin de garantizar que sean lo suficientemente transparentes para que los gobernantes tomen medidas para promover y proteger la salud pública.
Y el último se refiere a asegurar que las medidas de vigilancia de salud pública sean consistentes con los estándares legales fundamentales de necesidad y proporcionalidad y que sean transparentes, no discriminatorias, de duración y alcance limitados, sujetos a supervisión y nunca se utilicen para criminalizar a las personas.
"Estoy preocupado por los esfuerzos para reprimir la desinformación utilizando herramientas de derecho penal, que probablemente obstaculicen el libre flujo de información, como en Brasil y Malasia", apostilló Kaye.
Este relator especial concluyó que la pandemia ha demostrado que la libertad de expresión refuerza las iniciativas de salud pública y los gobiernos deben garantizar que sus leyes, políticas y práctica cumplan con sus obligaciones a fin de promover los derechos humanos y la salud pública.
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