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Nacional

La APM alerta de que la instrucción del fiscal estará sometida a influencias políticas

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 22 de julio de 2011, 12:41 h (CET)
- Calcula que requeriría contratar a mil fiscales nuevos y casi 100.000 funcionarios de soporte

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)



El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, advirtió hoy de que el traspado de la instrucción judicial del juez al fiscal que prevé el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal "abre la puerta a un riesgo de influencia política en la investigación", dado que todos los fiscales dependen jerárquicamente del fiscal general del Estado.

Llarena dijo además a Servimedia que el traspaso de la instrucción al fiscal que contempla el anteproyecto analizado este viernes por el Consejo de Ministros "es absolutamente inadecuada por el momento en que se presenta, cuando el Ministerio fiscal está absolutamente colapsado" y requiere del apoyo de fiscales sustitutos.

De acuerdo con sus cálculos, atribuirle ahora la instrucción supondría tener que contratar mil fiscales nuevos, más 80.000 o 100.000 funcionarios de soporte, más las correspondientes infraestructuras. Todo ello, además, cuando "la ciudadanía no acierta a ver qué ventaja supondría con respecto a la investigación de los jueces".

Por otra parte, el portavoz de la APM, aunque reconoció que la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente data de 1882 y hay que actualizarla a la evolución de la criminalística y los derechos de los ciudadanos, lamentó que "hace pocas fechas se vinieran abajo una serie de propuestas consensuadas por unanimidad por el CGPJ y las asociaciones para la mejora del sistema judicial y ahora se proponga un proyecto que es imposible que tenga ninguna eficacia porque, por su complejidad, no puede aprobarse en lo que queda de legislatura".

Llarena no quiso entrar a valorar en detalle el contenido del anteproyecto, dado que su elaboración ha sido secreta y no se ha divulgado. No obstante, sí señaló que la supresión del término "imputado" para convertirlo en "investigado" es "una reforma anecdótica" y que la posibilidad de realizar careos entre los testigos y el acusado ya existe, aunque de forma restrictiva porque todos los ordenamientos jurídicos tratan de evitar la confrontación directa entre ambos, a no ser que sea "estrictamente necesaria".

 
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