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Nacional

Cuesta (PSOE) defiende la eliminación de los privilegios “inconstitucionales” de la Iglesia al inscribir inmuebles

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 21 de julio de 2011, 14:05 h (CET)
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)



El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el socialista Álvaro Cuesta, se comprometió hoy a defender en la Cámara y ante el Gobierno la modificación legal de los privilegios “inconstitucionales” de la Iglesia Católica al inscribir inmuebles en el registro de la propiedad.

Cuesta recibió en el Congreso a Isabel Urzainqui y Alejandro Torres, de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra, y convencido de sus argumentos, se comprometió a trasladarlos a su Grupo Parlamentario, a los miembros de la Comisión de Justicia, y al Ministerio.

Según explicaron, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el 304 del Reglamento que la desarrolla, equiparan de hecho a la Iglesia Católica con una corporación de derecho público, y le permite por ello inscribir bienes mediante la mera certificación de dominio emitida por el diocesano correspondiente.

Sn embargo, precisan, el artículo 16 de la Constitución impide considerar a la Iglesia como corporación de derecho público y, de hecho, así lo reconoció una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 1993, por lo que esos preceptos son “claramente inconstitucionales”.

Esa sentencia fue fruto de una cuestión de inconstitucional presentada por el juez en el que recayó la impugnación que un particular formuló contra el artículo 76 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que permitía a la Iglesia el desalojo de inmuebles sin demostrar su ocupación, precisamente por considerarla, de forma contraria a la Constitución, como corporación de derecho público.

Cuesta reconoció que el asunto es bastante desconocido, pero la realidad es que más de mil inmuebles en 117 municipios han sido inscritos por la Iglesia Católica sólo en Navarra desde que en 1998 se ampliaron esas disposiciones, procedentes originalmente de los años cuarenta, y en muchos casos afecta a terrenos o edificaciones que siempre habían sido disfrutados por los ciudadanos sin que hubiera sido necesario registrarlos.

En una comunidad de apenas 600.000 habitantes, el registro “masivo” de bienes por parte de las diócesis “no ha pasado desapercibida”, aseguran desde la Plataforma, y son muchos los particulares y los pequeños municipios que se enfrentan a dilatados y costosos procesos judiciales para poder hacer uso de bienes que siempre habían disfrutado.

Los únicos datos precisos conocidos, proporcionados por el Ministerio de Justicia, son de Navarra, pero la Plataforma asegura que ha recibido llamadas de ayuntamientos de toda España pidiendo asesoramiento por casos similares, y están tratando por ello de hacer un recuento general de bienes “inmatriculados masivamente” por la Iglesia en todo el territorio.

La vía para recuperar esos bienes y evitar que haya más casos en el futuro es la declaración de inconstitucional de esos preceptos, lo cual sólo puede llegar si los interesados agotan el procedimiento para llegar a un recurso de amparo, o si un juez plantea sobre ellos una cuestión de inconstitucional, pero ambas son costosas para particulares y para ayuntamientos que en su mayoría son muy pequeños.

Por ello, la Plataforma plantea la opción política de la modificación de la Ley Hipotecaria para eliminar lo relativo a la Iglesia Católica en ese precepto. A partir de ahí no sería posible que casos similares se dieran en el futuro, y se podrían recurrir uno por uno los casos pendientes.

Álvaro Cuesta respalda esa posibilidad y, de hecho, se comprometió con los representantes de la Plataforma a impulsar esa modificación ante su Grupo, ante los demás miembros de la Comisión de Justicia, y ante el propio Ministerio.

Incluso sugirió abiertamente de posibilidad de introducirla en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, como única fórmula que permitiría sacarla adelante en esta legislatura.

Cuesta se mostró convencido de que esas disposiciones chocan de frente con la Constitución, y aprovechó la reflexión para lamentar que el Gobierno no haya percibido el “consenso” parlamentario necesario para pelear por sacar adelante la reforma de la legislación sobre libertad religiosa.

En opinión de Cuesta, es hora de que haya una regulación de la libertad “de conciencia, de creer o no creer”, de la que a su vez derive la religiosa, y que sea acorde con la Constitución, por lo que se den por “superados” los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas, especialmente el vigente con el Vaticano.

 
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