El Gobierno advierte a la Generalitat de la intervención de Policía y Guardia Civil si no actúa ante los CDR
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lunes, 10 de diciembre de 2018, 21:29 h (CET)
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MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
El Gobierno ha remitido tres cartas a la Generalitat de Cataluña alertándole de su inacción ante la actuaciones de los autollamados Comités para la Defensa de la República durante este fin de semana en Cataluña y advierte de que “se ordenará la intervención” de Policía y Guardia Civil si no actúa.
En concreto, así lo avisa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la misiva que –fechada este lunes- le envía al consejero de Interior, Miquel Buch. En ella, según la carta facilitada por Moncloa, le recuerda su “condición de superior responsable” del Cuerpo de los Mossos, y cuyo “mando supremo ostenta”, para que informe de las medidas que se adoptaron “a fin de evitar que se produjeran sucesos” como los de este fin de semana y de los “que ya existían precedentes”.
Le recuerda también la “misión” de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “bajo la dependencia del Gobierno de la Nación, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas”.
Así, concluye en su escrito que, “ante acontecimientos que suponen tan graves alteraciones del orden público y de la seguridad ciudadana”, como los de los últimos días, se “dicten las “instrucciones necesarias” para que los Mossos ejerzan sus “funciones”.
“En caso contrario", advierte Marlaska, "por exigencia de la superior responsabilidad en el mantenimiento de la preservación del libre ejercicio de derechos y libertades y del mantenimiento de seguridad ciudadana que corresponde al gobierno, se ordenará la intervención de las FCSE cuando preceda y en término de proporcionalidad y necesidad”.
La de Marlaska a Busch es la más larga y contundente de las tres cartas que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha enviado en las últimas horas al Govern que encabeza Quim Torra.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, remitió un escrito a Damiá Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad, en la que en cuatro párrafos le traslada el “profundo malestar” por los altercados en los peajes de las autopistas estatales AP-7 y AP-2.
Lamenta lo ocurrido, dice Ábalos, porque “daña la imagen tanto de España como la de la comunidad autónoma de Cataluña” y de las “instituciones que las representas”.
Le recuerda que la Generalitat tiene la competencia de “promover las acciones que permitan el pacífico y ordenado uso de las infraestructuras”. Y confía en que “no vuelvan” a producirse “situaciones o hechos similares”.
Y le pide que “se tramiten con la mayor diligencia” las “medidas necesarias” ante las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que puedan presentar los afectados.
CALVO A ARAGONÈS
Pero de mayor rango institucional es la carta que la vicepresidenta Carmen Calvo al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la que reclama al Govern explicaciones por la ausencia de órdenes a los Mossos en los incidentes de los CDR.
Tras trasladarle su “inquietud” por lo ocurrido, Calvo le dice que “aparentemente ha existido una dejación de funciones que tiene atribuidas ese gobierno, con consecuencias tanto de carácter económico y social como para la seguridad pública".
Le pide que aclare lo ocurrido, después de recordarle que es "obligación" del Ejecutivo "evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido".
En cuatro párrafos, la ‘número dos’ del Ejecutivo de Sánchez, concluye señalando a Aragonès que “todos somos conscientes de nuestras respectivas obligaciones para evitar este tipo de sucesos”
Antes del conocimiento público de estas cartas, la propia Calvo alertaba de que el Ejecutivo estaba estudiando medidas que puede tomar dentro del marco constitucional, tras los incidentes de este fin de semana, donde los CDR han cortado al AP-7 durante 15 horas y levantado varios peajes.
Desde el Gobierno se ha lanzado a la Generalitat la advertencia de que están estudiando medidas que se puedan aplicar en el caso de que se materialice la espiral verbal más violenta de los últimos días. Aunque fuentes socialistas y gubernamentales consultadas por Servimedia no precisaron qué medidas están estudiando los servicios jurídicos, sí coincidieron en que ahora se trata más de una advertencia que de una intención clara de aplicar ninguna decisión política que ponga en riesgo la política de apaciguamiento y cercanía que se puso en marcha con la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.
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