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Nacional

Los abogados piden a Caamaño que no “pode” el derecho a la acción popular

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 7 de julio de 2011, 12:44 h (CET)
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)



El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, pidió hoy que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no pode la figura de la acción popular, cuyo ámbito se limita en un borrador de Ley de Enjuiciamiento Criminal con el que trabaja el Gobierno.

Carnicer se pronunció sobre este asunto en una rueda de prensa en la sede de su entidad, donde presentó el V Informe de la Justicia Gratuita.

En el turno de preguntas, el presidente de los abogados españoles se refirió al borrador de Ley de Enjuiciamiento Criminal y algunos aspectos de su contenido. En este sentido, dijo ser “absolutamente partidario” de que el fiscal instruya los sumarios, como se plantea en el borrador, aunque rechazó que se limite la acción popular, algo que también plantea el texto del Ejecutivo.

Sobre la posibilidad de que el fiscal y no el juez lleve el peso de la instrucción, Carnicer dijo que esto sucede en los países del entorno de España. En su opinión, “el juez no debe tener más papel en esa tramitación de las diligencias de averiguación que de garante del orden constitucional”.

No obstante, apuntó que el representante del Ministerio Público debería instruir los sumarios “en plano de igualdad con la defensa”, ya que de lo contrario los abogados no estarían de acuerdo. En su opinión, el fiscal se encargaría de buscar pruebas incriminatorias del acusado y el letrado las buscaría en sentido contrario.

Sobre la limitación de la acción popular, Carnicer señaló que es un derecho que recoge la Constitución, donde se dice que los poderes emanan del pueblo, y “sobre todo” el Poder Judicial.

Añadió que en la Carta Magna se asegura que los ciudadanos participarán en la acción de la Justicia mediante el jurado y la acción popular. Asimismo, remarcó que la acción popular “ha rendido grandes servicios a este país, ya que ha habido causas gravísimas de crímenes aborrecibles, sobre todo de corrupción, que han sido posible gracias a la acción popular”.

“Sólo por esto”, concluyó, “merecería la pena que no poden un derecho que es insustituible en una democracia moderna”. Esto supone, a su entender, que sólo cabría estudiar si se han cometido “abusos” con la figura de la acción popular y ver qué se puede hacer.

 
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