España pagará este año 22 millones de multa por no depurar bien aguas urbanas
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martes, 20 de noviembre de 2018, 12:54 h (CET)
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MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
España acabará abonando este año alrededor de 22 millones de euros de multa por no depurar correctamente las aguas residuales en algunas aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes y en respuesta a una sentencia dictada el pasado mes de julio por el Tribunal de Justicia de la UE.
Así lo manifestó este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para explicar las medidas que está impulsando el Gobierno a raíz de la sentencia del TJUE por incumplimiento de la normativa comunitaria de depuración de aguas residuales urbanas.
Esa sentencia condena a España a una multa a tanto alzado de 12 millones de euros por incumplir la directiva comunitaria de saneamiento de aguas en 17 aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes, a lo que se añade una sanción coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre de retraso en atender las obligaciones. La penalización permanecerá vigente hasta que todas las zonas se pongan al día.
Morán adelantó que el Estado pagará este año “algo más de 22 millones de euros”, una cantidad que afecta a “la credibilidad de España” y “resta recursos” que podrían destinarse a la calidad de la mejora de las aguas.
El secretario de Estado de Medio Ambiente indicó que ha notificado a la Comisión Europea que ocho aglomeraciones urbanas están “ya en situación de cumplimiento”, concretamente Estepona-San Pedro de Alcántara (Málaga), noreste de Valle de Guerra (Tenerife), Benicarló y Peñíscola (Castellón), Teulada-Moraira (Alicante), Aguiño-Carreira-Ribeira y Santiago de Compostela (A Coruña), y Vigo (Pontevedra).
Añadió que en las otras nueve aglomeraciones “se está trabajando para revertir” la situación. Cuatro de ellas están declaradas de interés general y el Estado trabaja en ellas: Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) y Gijón Este (Asturias). Y las cinco restantes son autonómicas: Alhaurín el Grande y Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz) y Valle de Güímar (Tenerife).
Morán comentó que Tarifa tiene su estación depuradora de aguas residuales, pero las muestras obgenidas fuera del periodo estival “no satisfacen las exigencias de la directiva”.
Subrayó que en 2019 está previsto que concluyan cinco estaciones depuradoras (Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Gijón Este). En 2020 está previsto que terminen las de Matalascañas y Valle de Güímar y la de Barbate podría entrar en funcionamiento en 2022, con lo que es la que acumulará más retraso y hasta entonces España tendrá que pagar.
CUATRO EXPEDIENTES
Por otro lado, Morán indicó que hay abiertos cuatro procedimientos de infracción contra España en materia de saneamiento y depuración. Uno de ellos es el de “zonas sensibles”, que comenzó en 2002 y afecta a aglomeraciones con más de 10.000 habitantes que vierten en zonas que requieren de un mayor control de la contaminación. Otro se abrió en 2012 y es el de pequeñas aglomeraciones de 2.000 a 15.000 habitantes que vierten sus aguas residuales en zonas normales o de 2.000 a 10.000 que lo hacen en zonas sensibles. Los demás comenzaron en 2016 (que afecta a 241 aglomeraciones) y en 2017 (180 zonas) por la evaluación de los informes bienales sobre el cumplimiento de la directiva.
Morán recalcó que cerca de 550 de las casi 2.100 aglomeraciones de más de 2.000 habitantes que tienen que depurar sus aguas en España “estarían en situación de incumplimiento” de la normativa comuntiaria.
“Ante esta situación resulta imprescindible hacer frente al gran reto de mejorar la calidad del agua y reforzar los sistemas de depuración, con visión de conjunto y en estrecha coordinación con todas las Administraciones implicadas”, dijo, antes de añadir que el Gobierno trabaja en un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR).
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