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Economía

El sector de biocarburantes anuncia su desaparición si no se pone fin a la "competencia desleal" del exterior

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 5 de julio de 2011, 13:07 h (CET)
MADRID, 05 (SERVIMEDIA)



La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) denuncia su "angustiosa" situación y anuncia la "desaparición" del sector de biocarburantes si el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, no firma una orden ministerial que facilite la competencia del biodiésel español con el que procede de Argentina e Indonesia, que abarca el 60% del mercado español.

En rueda de prensa, la asociación afirmó que ayer recibió una llamada del ministerio para explicarles que el ministro Sebastián no la había firmado por "orden expresa" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero no les dieron ningún motivo. De hecho, la citada orden fue propuesta por el propio ministerio hace año y medio para apoyar la sostenibilidad económica del sector.

La crisis del sector español del biodiésel tiene como causa principal la aplicación de un mecanismo fiscal que el sector considera desleal: Las Tasas Diferenciales de Exportación (TDE) por parte de países como Argentina o Indonesia que permiten la entrada de sus biocarburantes a un precio más bajo.

Según el director de APPA, Manuel Bustos, "la industria del biodiésel ha invertido cerca de 1.400 millones de euros. Sin embargo, la entrada de la competencia desleal ha provocado la paralización del 85% de la capacidad total instalada, con 34 de las 49 plantas detenidas, así como la pérdida de 3.000 empleos".

En este sentido señaló que "es una pena que el Gobierno deje que el sector se vaya al 'garete', el cual posibilita la creación de riqueza y la independencia energética".

A juicio de la asociación, la aprobación de esta orden permitiría no sólo salvar los 1.000 puestos de trabajo actualmente existentes, sino también alcanzar los niveles de empleo anteriores. Además, en el próximo cuatrienio se podrían facturar 7.000 millones de euros.

Por su parte, el Gobierno argentino amenaza con adoptar "represalias" económicas contra las empresas españolas si la normativa se aprueba antes de las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre.

 
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