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El Congreso admite a trámite la ley de vivienda nacida de la ILP de la PAH

martes, 18 de septiembre de 2018, 21:00 h (CET)
MADRID, 18 (SERVIMEDIA)



El Pleno del Congreso de los Diputados admitió este martes la toma en consideración de una proposición de ley surgida de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), presentada por Podemos, ERC, Compromís y Bildu, que entre otras medidas recogía ampliar a cinco años el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler o a diez años si el inmueble pertenece a propietarios de más de cinco viviendas.



La iniciativa salió adelante gracias al voto favorable de 177 diputados, con el rechazo de 163 y 6 abstenciones. El éxito fue celebrado con euforia por los diputados de Podemos y en la tribuna por representantes de la PAH que seguían el debate y que reaccionaron con cánticos de "¡Sí se puede!". En consecuencia, la presidente del Congreso, Ana Pastor, ordenó el desalojo de los invitados al estar prohibido este tipo de manifestaciones.

Durante el debate parlamentario, la portavoz de Unidos Podemos en el debate, Lucía Martín, afirmó que “esta es la ley de vivienda que está reclamando la ciudadanía” y denunció que “hemos pasado de la burbuja hipotecaria a la burbuja del alquiler” en la que “los fondos de inversión y las socimi ganan millones de euros especulando con un bien de primera necesidad”.

Esta propuesta legislativa de los grupos de la izquierda se ha adelantado a la intención del Gobierno de presentar una ley que persigue objetivos similares, puesto que el Ejecutivo ya ha anunciado su intención de proceder a la ampliación de tres a cinco años de los plazos de prórroga de los contratos de alquiler.

Esta proposición, denominada ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, contemplaba también que en el caso de inquilinos de más de 70 años se deba proceder siempre a la prórroga del contrato.

Para justificar su rechazo, el diputado del PNV Íñigo Barandiaran denunció “el tono centralizador que se deduce del contenido de la propia ley, que nos impide apoyarla”. Mucho más en contra se mostraron tanto Toni Cantó (Ciudadanos) como Ana María Zurita (PP), que la calificó como del “régimen chavista”.

Entre los que la apoyaron, tanto el portavoz de ERC, Jordi Olòriz, como la del PDECat, Lurdes Ciuró, defendieron que las posibles discrepancias con las competencias autonómicas podrían ser depuradas en su tramitación parlamentaria. También abogó por introducir mejoras la portavoz del PSOE, María del Mar Rominguera.

La propuesta contemplaba además medidas para evitar desahucios, como una nueva moratoria de los lanzamientos cuando se trate de la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de riesgo de exclusión residencial y el demandante sea un gran tenedor de viviendas o la dación en pago.

Asimismo, propone la obligación de que los grandes tenedores ofrezcan alquiler social antes de interponer la demanda de ejecución hipotecaria por impago de alquiler si el demandado está en situación de exclusión residencial, ofreciendo la misma vivienda u otra de características similares.

En cuanto a la fianza del alquiler, se establecía que deberá ser en una cantidad equivalente a un mes de renta como máximo en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

Por otro lado, la ley quería hacer obligatoria la cesión de las viviendas vacías al patrimonio gestionado por la administración pública para que se destinen al parque público en alquiler por 20 años en el caso de grandes propietarios y de diez en el de particulares.

También contempla la cesión obligatoria a favor de la administración pública del 100% de las viviendas titularidad o de gestión de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb) y que en los supuestos en los que las viviendas objeto de cesión estuvieran ocupadas por personas en exclusión residencial, la administración pública titular de esa vivienda procedería a la regularización de sus ocupantes mediante la formalización de un contrato de alquiler social ajustado a sus ingresos.

En la misma línea, se establecía un recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas vacías, desocupadas de forma permanente y sin causa justificada por un periodo de más de seis meses, ubicadas en todo el territorio del Estado español. La recaudación de dicho impuesto debería emplearse en la gestión, mejora y creación de un parque público de alquiler u otras formas de acceso a la vivienda que será gestionado por la administración pública competente.

Para hacer efectivo el derecho a la vivienda a todo el territorio del Estado, la propuesta de ley establecía la prohibición de venta de la vivienda social y que los municipios con demanda residencial fuerte y acreditada deben disponer, en el plazo de veinte años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 20% respecto al total de viviendas principales existentes.

Por último, exigía que las administraciones públicas garanticen el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad, a todas las personas y unidades familiares en situación de exclusión residencial tanto a través de una tarifa social como de la prohibición del corte de suministro.



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