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Nacional

Cataluña. Jordi Sànchez presentará recurso de apelación ente el Supremo contra la negativa del juez Llarena a darle la libertad

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 12 de marzo de 2018, 08:08 h (CET)
MADRID, 12 (SERVIMEDIA)



La defensa de Jordi Sànchez presentará en las próximas horas un recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones de Tribunal Supremo en contra de la decisión del juez instructor de la causa del `procès´ Pablo Llarena, que el pasado viernes le denegó la salida de prisión para acudir a la sesión de investidura en la que se presentaba como candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.



El abogado de Sànchez, Jordi Pina, descarta presentar en este momento una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, que sólo suele adoptar estas medidas de manera excepcional para los casos en los que corre peligro la vida del recurrente.

Convencido de que en este momento es “mejor opción” dirigirse al Supremo, la defensa del candidato prepara ya un recurso que pretende presentar en el plazo más breve posible. La negativa a conceder la libertad a Jordi Sànchez motivó que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara el Pleno convocado para este lunes a las 10.00 horas.

La defensa de Jordi Sànchez tenía la intención de elevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la negativa del juez Llarena de permitir su excarcelación para asistir al Pleno de investidura como candidato. Pretendía solicitar medidas cautelares para que se permitiera su asistencia.

Sin embargo, la jurisprudencia del TEDH no da lugar al optimismo, por lo que finalmente Sànchez ha optado por seguir la vía del recurso en instancias nacionales. En caso de que el tribunal europeo admitiera a trámite su petición, podría adoptar medidas en un plazo máximo de 48 horas, sólo reservadas a situaciones se suponen “un riesgo inminente de daño irreparable”.

La realidad es que el TEDH sólo aplica medidas cautelares de forma muy excepcional y “en ámbitos muy limitados, la mayoría atañen a casos de expulsión y extradición”, en especial si hay riesgo para la vida de la persona afectada o podría ser objeto de tortura o maltrato. Esto ha sucedido hasta ahora en ocho de los 177 casos en que se le han planteado desde España en los últimos tres años, una cifra similar a la que afecta a otros países europeos.



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