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Nacional

Cataluña. El fiscal general podría pedir consejo a sus subordinados para futuras decisiones sobre el proceso independentista

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 7 de marzo de 2018, 14:53 h (CET)
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)



El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, aseguró este miércoles que para futuras decisiones legales sobre el proceso independentista podría pedir el “asesoramiento” de los “órganos consultivos” de su institución, que son la Junta de Fiscales de Sala y la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas.



Sánchez Melgar se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia del Congreso, donde compareció esta mañana para dar cuenta de las memorias de su institución correspondientes a 2016 y 2017.

El responsable del Ministerio Público sostuvo que está actuando "de forma prudente” en las causas legales que afectan al proceso independentista en Cataluña y defendió que así seguirá actuando en el futuro.

A este respecto, en cuanto a próximos posicionamientos que tenga que decidir la Fiscalía respecto al proceso secesionista, indicó que “se van a sopesar las decisiones que se tomen e, incluso, se considerá la audiencia de los órganos consultivos que tenemos en la Fiscalía para asesoramiento de la Fiscalía General de Estado”.

“NO HAY PRESOS POLÍTICOS COMO TALES”

Estos órganos asesores son la Junta de Fiscales de Sala y la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, a los cuales el fiscal general puede pedir opinión sobre cuestiones que afecten a decisiones de la institución.

Al mismo tiempo, respecto a las actuaciones que ha venido realizando en los últimos meses el Ministerio Público por lo que se refiere al proceso secesionista, Sánchez Melgar afirmó que, a diferencia de lo que sostienen los nacionalistas, “no se están persiguiendo ideas políticas” y “no hay presos políticos como tales”.

Defendió que “la Fiscalía no tiene nada que decir frente a las legítimas iniciativas para modificar nuestro ordenamiento constitucional por las vías establecidas” y que lo que se investiga en el Tribunal Supremo y otros juzgados son “posibles responsabilidades” por los delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación.



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