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Sociedad

Discapacidad. Expertas llaman a garantizar la igualdad ante la justicia de todas las mujeres con discapacidad

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 2 de marzo de 2018, 16:42 h (CET)
MADRID, 02 (SERVIMEDIA)



La Fundación Cermi Mujeres (FCM) celebró este viernes en el Senado la ‘II Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad’, durante la que numerosas expertas de diferentes ámbitos resaltaron la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad.



En la mesa sobre ‘El acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad’, moderada por Amalia Diéguez, patrona de la FCM; Soledad Cisternas, enviada especial de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, fue la encargada de introducir el panel, reclamando que se brinden los ajustes razonables a las personas con discapacidad en los procesos judiciales y que los profesionales que intervienen en estos procesos tengan formación adecuada para atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad en general y de las mujeres en particular. “El poder judicial tiene que ser ejemplar en materia de accesibilidad”, remachó.

Soledad Cisternas recordó que el acceso a la justicia de todas las personas es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. “Espero que este objetivo se cumpla, porque, sin duda, contribuirá a fortalecer el sistema democrático”.

LABOR POLICIAL

En este sentido, Mª Elena Palacios, inspectora jefa de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía, detalló el trabajo que se realiza desde esta institución con las mujeres con discapacidad, con especial atención a las que han sufrido violencia machista. Así, ha puesto en valor la figura del ‘facilitador’, “que en ocasiones, como su nombre indica, hace mucho más fácil la comunicación para las mujeres con discapacidad”.

“Atendemos a la víctima, la escuchamos, la asesoramos y ayudamos a denunciar si procede, y valoramos el riesgo, poniendo protección incluso antes de que haya un pronunciamiento judicial”, añadió Palacios, que hizo hincapié en que en todos los procesos se dé cumplimiento a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, hizo referencia a los obstáculos que afectan a las mujeres víctimas de violencia de género, y en mayor medida a las que tienen discapacidad. En este sentido, evidenció la “importante desconfianza” que las mujeres con discapacidad tienen todavía hacia la Administración de justicia y el “miedo que tienen a la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas por razón de discapacidad”.

“Una mujer con una determinada discapacidad puede tener una capacidad total para el cuidado de sus hijos, aportándoles además un valor afectivo muy importante que no se ve aminorado por tener algún tipo de discapacidad”, repuso.

Rebeca Gómez, psicóloga forense y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia, puso de manifiesto que las dificultades de acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad “no es tanto una cuestión únicamente de obstáculos sino en muchos casos también de desconocimiento y prejuicios”. Además, evidenció que “en muchas ocasiones los problemas vienen antes del proceso judicial y esto desincentiva a las mujeres con discapacidad a la hora de poner una denuncia”. “El problema es que se concibe a las mujeres con discapacidad como menos mujeres por el machismo imperante”, concluyó.

DISCRIMINACIÓN EN SENTENCIAS

Posteriormente, tuvo lugar la presentación de un estudio sobre discriminación a mujeres con discapacidad en sentencias judiciales bajo el marco de los derechos humanos, a cargo de la experta Laura Seara, de la Red Talento Consultora, quien fue presentada por Concha Díaz, miembro del Patronato de la FCM. Seara explicó que el trabajo analiza múltiples sentencias dictadas a partir de 2008, año en el que entró en vigor la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En primer lugar, Seara denunció la falta de datos estadísticos existentes en ámbitos como los internamientos involuntarios de mujeres con discapacidad, y apuntó que pese a los avances que se están produciendo en la aplicación de la Convención de la Discapacidad de la ONU, sigue habiendo fallos que no aplican este tratado. “En pleno siglo XXI, nos hemos encontrado con sentencias que hablan de ‘retrasadas’ y ‘disminuidas’, dictadas en audiencias provinciales y en el propio Tribunal Supremo”, agregó.

“El actual sistema de incapacitación penaliza doblemente a las mujeres, pues hay más mujeres incapacitadas que hombres. Se usa la incapacitación con intención de someterlas a esterilizaciones y privarlas de ser madres, mientras en el caso de los hombres con discapacidad, suele ser por motivos de manejo de su patrimonio”, criticó esta experta, poniendo el foco también en la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en el reparto de la custodia de los hijos e hijas porque, a su juicio, “la sociedad patriarcal no las considera aptas para tomar decisiones sobre su patrimonio o su maternidad”.

Por último, tuvo lugar la mesa de análisis ‘La protección a las víctimas’, que fue moderada por la patrona de la FCM Marta Valencia, durante la que la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, expresó su preocupación por las cifras que reflejan que aún hoy “una de cada tres mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido algún tipo de violencia física, psíquica o sexual, lo que supone más del doble que las mujeres sin discapacidad.

En este sentido, Victoria Ortega abogó por apostar por la formación como elemento imprescindible. “Es esencial conocer la realidad de las mujeres con discapacidad y que la asistencia jurídica se haga, no solo con perspectiva de género, sino también con perspectiva de discapacidad, ya que muchas veces la discriminación proviene de la propia ignorancia”, aseveró.

En esta línea se expresó también la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, que ha afirmado que “la situación de las mujeres con discapacidad es aún más difícil y ahora es el momento de que, desde todas las organizaciones y desde la sociedad en su conjunto, se trabaje para visibilizar el maltrato a las mujeres y niñas con discapacidad, proponer protocolos específicos de apoyo y prevención de la violencia”.

Por su parte, la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, enumeró algunas de las claves del estudio sobre esterilizaciones forzosas contra mujeres y niñas con discapacidad elaborado por la FCM y presentado en febrero. Además, exigió que se prohíba esta práctica en España y puso como ejemplo a Suiza, un país donde no sólo se ha dejado de realizar, sino que se está indemnizando a las mujeres que han sido sometidas a procesos de esterilización forzada.



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