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Nacional

Cataluña. El Gobierno subraya que el juez decide si Jordi Sànchez puede aspirar a la investidura en sustitución de Puigdemont

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 2 de marzo de 2018, 14:39 h (CET)
MADRID, 02 (SERVIMEDIA)



El Gobierno de Mariano Rajoy subrayó este viernes que es el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena quien debe decidir si el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez puede presentarse a un debate de investidura en el Parlamento de Cataluña, tras la renuncia de Carles Puigdemont, para ser el nuevo presidente de la Generalitat.



El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que es “el juez competente quien tiene capacidad para decidir” si Jordi Sànchez puede participar o no en un debate de investidura y garantizó que el Gobierno de España estará “atento” a lo que determine el Tribunal Supremo y será “respetuoso con lo que diga el juez”.

Catalá señaló, no obstante, que no sólo se trata de recibir permiso del juez para salir de la cárcel y someterse a un debate de investidura en el Parlamento de Cataluña, sino que en caso de ser elegido posteriormente tendría que poder ejercer las funciones de presidente de la Generalitat todos los días, lo cual no podría hacer en prisión preventiva.

“No solamente es participar en la investidura, sino ejercer sus funciones después”, sentenció el ministro de Justicia, quien sacó a relucir que las resoluciones del Tribunal Supremo han dejado claro que el procedimiento para una investidura “requiere una presencia personal” del candidato. “Nosotros creemos que no puede hacerse la investidura de manera telemática ni por tercera persona”, dijo.

En cualquier caso, Catalá indicó que si Jordi Sànchez, a quien Carles Puigdemont ha propuesto como su sustituto para la investidura, no pudiera someterse al debate en el Parlamento de Cataluña por tener cuentas pendientes con la Justicia “será una decisión del juez competente”.

“Quien tiene capacidad para decidir si participa en su caso en una investidura es el juez que instruye la causa y estaremos atentos a lo que diga el juez y seremos respetuosos con lo que diga el juez”, insistió.

Catalá manifestó que lo “sorprendente” en este caso es que los partidos independentistas catalanes propongan como candidato a la investidura a un diputado que está en prisión provisional por su participación en el proceso separatista relacionado con el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. “No sé si está fuera de la ley pero sí de la lógica”, apostilló.

"NINGUNA FARSA"

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, recalcó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “no está dispuesto a tolerar ninguna farsa en este tema”, como a su juicio pretendía Puigdemont al plantear una investidura “a través del plasma” o de una tercera persona que leería “su programa de gobierno”.

Méndez de Vigo calificó de “llamativas” las fases por las que va pasando el independentismo, que aprobó una declaración unilateral, que rechazó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que se presentó con varias listas a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, que obtuvo mayoría absoluta y se empeñó en reelegir a Puigdemont pese a estar fugado en Bélgica y que “ahora es otra cosa” al proponer a Jordi Sànchez.

En cualquier caso, advirtió de que el Gobierno de España no tolerará la creación de “estructuras paralelas” para legitimar la huida de Puigdemont al extranjero como si fuera un presidente en el exilio y sentenció que “la creación de estructuras paralelas es simplemente imposible” porque las única estructuras “son las que establece la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía”.

Méndez de Vigo afirmó que pretender otra cosa son “puras irrealidades y fantasmagorías” que prueban el “desfase” entre lo que dicen los independentistas y la realidad. Como prueba, esgrimió la salida de empresas de Cataluña por el desafío separatista o el “nulo eco” a nivel internacional a las intenciones de Puigdemont.

Así restó importancia al anuncio del expresidente de la Generalitat de que piensa denunciar constantemente ante diversos organismos internacionales lo que él considera vulneraciones de derechos fundamentales en España y puso en duda que hagan caso a “una persona que se ha fugado de su país para no hacer frente a sus responsabilidades judiciales”.



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