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Economía

El CES pide que el Estado asuma el coste del bono social eléctrico

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 26 de diciembre de 2017, 10:30 h (CET)
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)



El Consejo Económico y Social (CES) considera que debería ser el Estado quien asuma la garantía del acceso a la energía eléctrica, sufragando su coste a hogares más vulnerables, en lugar de a través de las empresas comercializadoras.



Así se recoge en el ‘Informe sobre el Sector Eléctrico en España’, estudio que concluye que el sistema afronta un proceso de transición de amplio calado, enmarcado en una estrategia general de sostenibilidad climática y energética, que implica modernizar la economía e impulsar las inversiones en los sectores relacionados con la energía limpia.

Además, el informe resalta la importancia de la energía para el desarrollo social y económico, en su doble papel de insumo productivo y de bien de primera necesidad, a la que añade su carácter insustituible en la mayor parte de las innovaciones científicas y tecnológicas actuales, en especial en el campo de la denominada digitalización.

Por otro lado, advierte de que el sector cuenta en España con una compleja regulación que afecta a todas sus actividades, desde la generación hasta la comercialización y suministro y considera, a día de hoy, algunos problemas que afectan al sector subrayan la necesidad de analizar en profundidad esta regulación y adoptar en su caso reformas adecuadas.

Entre estos problemas, señala que son visibles en los años más recientes tensiones en el mercado, inseguridad jurídica en ciertas inversiones y volatilidad de los precios. Además, apunta que esos problemas dificultan los procesos inversores en el sector, puesto que no permiten una valoración adecuada de los flujos de caja futuros y, por consiguiente, de su rentabilidad.

Otras conclusiones del estudio son que la electricidad es cara a día de hoy, que existen disfunciones en la determinación de precios de la electricidad por incremento de costes ajenos al suministro que responden a decisiones de política energética, que existe riesgo de impacto inicial de la descarbonización sobre el empleo y la actividad económica de regiones como las zonas mineras, que los tipos de IVA son excesivos y que la sustitución de tecnologías en la transición energética debe hacerse teniendo en cuenta el impacto social, económico y ambiental.



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