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Sociedad

El 75% de los españoles se declara católico, pero un 48% pide que el Estado no financie a las religiones

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 31 de mayo de 2011, 14:07 h (CET)
MADRID, 31 (SERVIMEDIA)



El 75,5% de los españoles afirma ser católico, pero un 48% afirma que el Gobierno no debería ayudar económicamente a ninguna religión, según se desprende del "Informe Ferrer i Guàrdia. Anuario de la laicidad en España 2011", presentado este martes en una rueda de prensa en Madrid.

El estudio, con datos de 2010, señala que la adscripción a opciones de conciencia se reparte de la siguiente manera: 75,5% católica, 21% no religiosa, 2,4% otras religiones y 1% que prefiere no desvelar su opción.

El informe destaca que, pese a que tres de cada cuatro españoles declara ser católico, un 48% rechaza que el Gobierno ayude económicamente a las religiones, por un 24% que defiende que se financie a todas las opciones religiosas y un 18% que apuesta por ayudar sólo a la religión católica.

Laura Madruga, coordinadora del informe, destacó que, en el aspecto educativo, a medida que los estudiantes van cumpliendo años, prefieren cursar otras alternativas a la religión.

Por su parte, el director de la Fundación Ferrer i Guàrdia, David Prujà, criticó que la llegada de la democracia a España no haya supuesto "un cambio sustancial en las relaciones entre Estado e Iglesia católica" y pidió que el Gobierno trate por "igual" a todas las religiones.

Prujà censuró la "opacidad" del Estado en su trato con la Iglesia católica en cuanto a su financiación económica y afirmó que los acuerdos concordatarios con la Santa Sede "incurren en inconstitucionalidad manifiesta".

En relación a la visita que el papa Benedicto XVI hará a Madrid el próximo mes de agosto, Prujà deploró la "sensibilidad especial" del Estado ante este evento, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, y apuntó que "si el Papa viene en tanto que líder de una opción de conciencia, el trato debería ser el mismo que al Dalai Lama".

Por último, Prujà abogó por la puesta en marcha de una ley de libertad de conciencia, aparcada por el Gobierno, para garantizar "la igualdad de cualquier ciudadano" desde el punto de vista de la adscripción o no a una religión.

 
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