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Economía

CEIM insiste en limitar a ocho meses la ultraactividad de los convenios

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 25 de mayo de 2011, 18:52 h (CET)
- También reclama un contrato indefinido único y uno temporal remunerado con el salario mínimo

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)



La patronal madrileña CEIM insiste en limitar la ultraactividad de los convenios y reclama que, una vez transcurridos seis u ocho meses, decaiga su vigencia y se aplique en su lugar la normativa general o los acuerdos sectoriales.

En un documento aprobado este miércoles en el que recoge sus propuestas para la reforma de la negociación colectiva, la organización madrileña asegura que "no hay duda" sobre la necesidad de modificar la prórroga de la vigencia de los convenios.

Según la patronal, es necesario evitar la prolongación indefinida de sus disposiciones ya que va "en contra de la adaptabilidad de las empresas".

En este sentido, reclama medidas para mejorar la flexibilidad de las empresas que incluyan la posibilidad de que la dirección de la compañía modifique las condiciones de los convenios "aunque no haya acuerdo con la representación de los trabajadores".

Para CEIM sería suficiente con que la empresa justifique la adopción de estas medidas en las "circunstancias del mercado" o en su idoneidad para "la buena gestión empresarial".

La patronal madrileña asegura que en la actualidad esta flexibilidad está "vedada" por el hecho de que sea necesario el acuerdo con los representantes de los trabajadores.

En cuanto a las modalidades de contratación, la patronal reclama la creación de un contrato indefinido único con una indemnización por despido improcedente de 20 días por año trabajado y con un máximo de una anualidad.

Además, para los contratos temporales, CEIM aboga por crear una modalidad de "fomento del empleo" que tenga como retribución el salario mínimo interprofesional.

Por otro lado, aboga por que se elimine la obligación de que las empresas se hagan cargo del coste de las bajas por incapacidad temporal durante los primeros 15 días.

También reclama el refuerzo de los mecanismos de arbitraje y mediación, y que el coste de estos sistemas los cubra "exclusivamente" el Estado.

 
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